9 septiembre

El caso conocido como “el hueco presupuestario”, de ¢600.000 millones que la administración Solís Rivera heredó a la presente, es correcto que sea objeto de investigación por parte de la Asamblea Legislativa, pues indujo al Ministerio de Hacienda a efectuar amortizaciones de deuda pública sin tener autorización presupuestaria para ello, en violación de la normativa. La explicación que sobre la génesis de este problema han ofrecido los funcionarios a cuyo cargo está la administración de la deuda ha sido, en general, innecesariamente complicada, lo cual podría confundir a los diputados y a la opinión pública.

En la sesión extraordinaria número 19 del 23 de agosto pasado, de la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público, compareció el exdirector de Crédito Público Julio Espinoza Rodríguez, quien justificó lo ocurrido en un cambio en el entorno, a finales del 2017 y principios de este, lo cual impidió a la Tesorería Nacional efectuar canjes de bonos como en el pasado. Los canjes consisten, según explicó, “en entregar al tenedor de deuda pública un nuevo título antes de su vencimiento, con lo cual no se gasta la partida de amortización de deuda”.

Aunque un canje puede verse como el pago de unos bonos y la venta de otros por igual monto, lo cual exigiría presupuestar una y otra acción, la práctica es no considerarlo así, y ello permite no “gastar” la partida de amortización de deuda. El hecho es que cuando la Tesorería Nacional comprobó que los tenedores de bonos mostraban reticencia a participar en canjes debió haber procedido, de inmediato, a enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de presupuesto extraordinario para dar contenido al pago, oportuno y con apego a la normativa, de los títulos de deuda pública que fueran venciendo este año. En esta materia, como en otras, lo prudente es pecar de conservador y no arriesgar a tener que amortizar deuda sin contar con autorización legislativa para ello. Tremenda pifia administrativa.

Pero hay otra parte de lo manifestado por el exdirector de Crédito Público que también es digna de grandísima preocupación. Según el acta de la sesión de su comparecencia ante el Congreso, Julio Espinoza manifestó: “Es importante mencionar en este punto que los cálculos que se realizan para externar el monto de amortizaciones se hacen manualmente, pues no hay un sistema que lo haga de manera automática”. Lo manifestado por el exdirector de Crédito Público sería comprensible si estuviéramos en la década de 1940, pero no en el año 2018, cuando la tecnología ha permitido automatizar procesos mucho más complicados que los de la administración de la deuda pública. Nos cuesta mucho aceptar que para conocer cuáles títulos de deuda pública (y por qué montos) vencen en el tiempo haya que confiar en procesos manuales.

No en vano, si esto es verdad, no puede la Tesorería Nacional ni siquiera conocer a tiempo si en algunos momentos se presentan acumulaciones de vencimientos (vendimias) indebidamente altas de títulos de deuda pública, lo cual la expone al riesgo de refinanciamiento o a tener que reconocer tasas de interés más elevadas. Los contribuyentes tienen derecho a esperar mejor manejo de la Hacienda pública por parte de funcionarios que devengan salarios relativamente elevados. En otras palabras: un manejo acorde con las mejores prácticas administrativas, en particular en un momento cuando se le pide a los costarricenses aceptar un aumento en la carga tributaria.

Si en el Ministerio de Hacienda se maneja manualmente un asunto tan básico como la administración de la deuda pública, es de esperar que en otras áreas de su competencia (por ejemplo, las aduanas y la tributación) se identifiquen similares debilidades.

¿Qué dirán sobre esto las autoridades del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica? Ciertamente, en Hacienda se requiere operar con un mínimo de orden y eficiencia. Esperamos que los representantes populares que conforman la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público tomen cartas en este asunto.