17 abril

Turistas franceses interceptados por miembros de la Fuerza Pública cerca de Miramar se vieron obligados a pagar una “mordida” para seguir su camino. Lo hicieron con rumbo a la delegación más cercana para interponer una denuncia por extorsión. La pareja de policías fue detenida y quizá se les suspenda con goce de salario.

A partir de ahí, el desenlace es previsible. La prueba es el testimonio de los turistas, quienes habrán abandonado el país cuando el caso llegue a estrados. Si en el momento del sobreseimiento los agentes siguieran suspendidos, se ordenará el cese de la medida. Si hubiesen sido despedidos, se ordenará su restitución.

La pérdida de confianza no es motivo para ordenar la destitución de los oficiales, pese al riesgo de mantenerlos en funciones. Si las quejas contra ellos fueran reiteradas, tampoco sería fácil separarlos del cargo. Los riesgos implícitos para la ciudadanía son la última consideración a la hora de sancionar la corrupción en la Fuerza Pública.

Hay cargos en los cuales la pérdida de confianza o la duda fundada sobre la idoneidad moral del servidor deben bastar para poner fin al contrato. A lo sumo, el desacuerdo sobre el despido podría centrarse en la indemnización fijada por ley, su monto y su pertinencia según los méritos del caso.

Los policías ostentan autoridad, portan armas y son depositarios de la confianza de los ciudadanos, cuyas casas se abren, de día o de noche, para recibir su asistencia. Ese pacto de confianza es esencial para combatir la delincuencia de manera eficaz. La participación de los ciudadanos es frecuente y valiosa. Sin la denuncia oportuna, los informes confidenciales y otros tipos de colaboraciones, la labor policial sufre menoscabo.

El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, señala, con razón, la inexistencia de cuerpos policiales exentos de corrupción. La afirmación podría extenderse a todas las ocupaciones e instituciones, pero no todos los cuerpos policiales se ven obligados, por ley, a mantener en sus filas a los oficiales cuestionados.

No se trata de negar a los policías los derechos disfrutados por el resto de los trabajadores, pero el suyo es un servicio público en el cual la separación expedita del cargo es el único remedio razonable cuando surgen sospechas fundadas. El procedimiento administrativo nacional pocas veces culmina con la satisfacción de esa aspiración. Los trámites tardan meses y años, y las únicas medidas de prevención posibles son la suspensión con pago de salario o el traslado a funciones administrativas.

En la Policía Municipal de San José, cuando una cámara de seguridad captó, en el 2015, la salvaje vapuleada de un indigente a manos de una pareja de policías, la jefatura solo encontró el remedio de enviarlos de vacaciones mientras se hacía la investigación de lo obvio para trasladar cargos y abrir un procedimiento administrativo. Como ningún trámite dura menos que unas vacaciones, los oficiales seguramente volvieron a sus puestos.

Año tras año, hay centenares de denuncias por corrupción en la Fuerza Pública. No todas tienen mérito, pero cuando los indicios sean razonables —o más que eso, como en el ejemplo citado— la destitución debe ser inmediata, con las indemnizaciones justificables según cada caso. Las jefaturas del Ministerio de Seguridad, no importa la administración o partido en el poder, han tenido en común, desde hace décadas, la queja por los engorrosos procedimientos de despido. Es necesario establecer medios más flexibles. El riesgo de un ejercicio arbitrario de esa flexibilidad existe, pero no es tan alto como el asumido en la actualidad por la sociedad entera.