5 febrero

La revisión técnica de vehículos aumenta la seguridad vial y disminuye la contaminación, pero el aprovechamiento óptimo de esos beneficios exige el complemento de una Policía de Tránsito capaz de ejercer control en calles y carreteras. El país dispone de un sistema de revisión bien organizado y de una ley de tránsito con sanciones adecuadas, pero entre uno y otra está el vacío creado por la falta de vigilancia.

Hay talleres donde los conductores irresponsables alquilan llantas, tubos de escape y otros componentes aptos para pasar la revisión técnica. Luego, vuelven a reemplazarlos por piezas inadmisibles, sea para ahorrarse un cambio de llantas o para “lucirse” con el ruido de los tubos utilizados, a propósito, para violar el límite de decibelios establecidos por ley.

Habrá tiempo para perseguir irregularidades menos obvias, pero comenzar por las descaradas haría un aporte invaluable a la calidad de vida

El negocio no existiría si los conductores no confiaran en la falta de vigilancia una vez superada la revisión técnica. Otro tanto se puede decir de los 123.000 autos cuyos propietarios simplemente no los presentaron a inspección el año pasado. El incumplimiento de las normas tiene un altísimo costo en vidas, atención hospitalaria, contaminación del aire y elevación de los niveles de ruido. El país pierde dinero y calidad de vida. Por eso, la inversión de $200.000 en dos plataformas móviles para hacer pruebas en las vías es relativamente modesta. Un gasto diez veces mayor probablemente se pagaría a muy corto plazo.

Las dos plataformas, compradas por la empresa Riteve y puestas a disposición de la Policía de Tránsito, son trasladadas sin esfuerzo hasta las carreteras más utilizadas. Los agentes detendrán a los conductores y los técnicos harán las pruebas necesarias para acreditar los desperfectos y fundamentar una sanción.

Por lo menos al inicio, la tarea no debería resultar difícil. Confiados en la impunidad producto de la falta de vigilancia, muchos conductores no se molestan en disimular su menosprecio por la ley. Columnas de humo, ruidos insoportables y otras señales lo anuncian a su paso. Las pruebas ejecutadas con auxilio de las plataformas móviles simplemente confirmarían las faltas evidentes a simple vista. Habrá tiempo para perseguir irregularidades menos obvias, pero comenzar por las descaradas haría un aporte invaluable a la calidad de vida.

Riteve proveerá el personal técnico y el mantenimiento de las plataformas, pero su operación exige la presencia de oficiales de tránsito para detener los vehículos e imponer las multas. Sin embargo, apenas hay unos 750 oficiales para atender tres turnos de vigilancia en todo el país, menos los ausentes por vacaciones, incapacidades y otros motivos. Sin personal es imposible aprovechar los equipos adquiridos y pensar en comprar otros.

El producto de las multas de tránsito se destina a la Cruz Roja, el Patronato Nacional de la Infancia, el Ministerio de Justicia y el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi). Este último, es receptor del 69 % del total. Con ese dinero no es posible contratar policías y, vista la loable participación de Riteve en la compra de las plataformas móviles y la provisión de personal, tampoco se les destina a la modernización y el equipamiento.

La mayor parte se dedica a campañas de educación y programas de prevención que no han frenado la alarmante epidemia de accidentes de tránsito. La educación y prevención tienen su lugar, pero los resultados obligan a admitir su insuficiencia. La probabilidad de sufrir una sanción debido al aumento de la vigilancia es, cuando menos, tan vital como todo esfuerzo educativo, sin mencionar que los ingresos por multas, en un país tan acostumbrado a la impunidad, probablemente basten para equipar a la Policía e incrementar su número sin dejar de financiar la educación vial.