Las universidades estatales se financian, fundamentalmente, por medio del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), conformado por transferencias con cargo al presupuesto nacional y, según lo dispone el artículo 85 de la Constitución Política, esas rentas “no podrán ser abolidas ni disminuidas” y serán “ajustadas de acuerdo con la variación en el poder adquisitivo de la moneda”. Estas disposiciones han alimentado un alto riesgo moral porque cuando las universidades obtienen un elevado aumento en la base, como ocurrió al principio de la administración Solís, las transferencias futuras serán mayores sin importar las necesidades reales.
La partida del FEES para este año se estima superior a ¢500.000 millones, en abrupto contraste con los ¢226.000 millones del 2010. Lo anterior significa una tasa de crecimiento compuesto de casi el 10 % anual, significativamente superior al crecimiento nominal de la economía del país en el mismo período y, también, de los ingresos corrientes del Gobierno Central. En otras palabras: en su forma actual, el FEES se come año a año porciones mayores de los recursos económicos y fiscales del país.
En consecuencia, parte de los ingresos se dedican a la construcción de obras de baja importancia social, como la denominada plaza de la Diversidad, y otra parte de mayor cuantía va a beneficiar a los propios servidores de los centros de educación superior. En las universidades públicas, los pluses actualmente consumen el 26 % de los fondos recibidos. A manera de ejemplo, la Universidad Nacional paga a sus funcionarios un total de 16 sobresueldos y la Universidad de Costa Rica, 17. Sus funcionarios, unos 18.000, recibirán este año ¢133.000 millones “para costear las anualidades, pagos por dedicación exclusiva y otros incentivos salariales” (“Pluses se comen el 26 % de fondos para las U públicas”, La Nación, 8/1/2019).
Los rectores han notado que se está en presencia de gastos indebidos, pero es poco —o, más bien, nada— lo que han hecho para evitarlos o moderarlos. El rector de la UCR, Henning Jensen, reconoció en el 2014 que los sobresueldos “podrían revisarse” con el fin de reducirlos. Pero en la institución a su cargo todavía no se actúa.
Similar actitud mostró Alberto Salom, rector de la Universidad Nacional, quien manifestó a este medio: “Yo comparto que algunos pluses son abusivos, pero los tengo que pagar porque, si no, me denuncian”. En realidad no es él quien los paga, sino la totalidad de los contribuyentes, quienes tienen todo el derecho a esperar de los rectores de las casas de enseñanza superior una actitud más responsable.
Las universidades públicas han constituido fundaciones para —con su recurso humano— brindar servicios de investigación y de otra naturaleza, por los cuales cobran, pero no está claro en qué medida contribuyen a alimentar los ingresos para, entre otras cosas, otorgar becas a estudiantes provenientes de familias de recursos limitados. Hoy, el subsidio a las universidades, representado por el FEES, en mucho beneficia a estudiantes provenientes de familias acomodadas, que en mayor proporción concluyen la educación media.
Los objetivos sociales del ofrecimiento de educación superior de alta calidad, idealmente de contenido teórico y aplicado, y de subsidiar a los costarricenses carentes de recursos suficientes, son muy loables, pero deben otorgarse con base en necesidades identificadas. Lo indebido y, en palabras del rector de la UNA, “abusivo”, es utilizar recursos públicos para beneficiar a los propios suplidores del servicio. No en vano en el seno de la Asamblea Legislativa se conformó una comisión para investigar el uso del FEES. Confiamos en que su trabajo permitirá corregir los problemas existentes y muy obvios para quien quiera ver.