El fuerte tufo a maniobra politiquera no se ha disipado en el plenario legislativo luego del último intento de un sector del Partido Liberación Nacional (PLN) para descarrilar la más trascendental reforma de los últimos años a favor de la transparencia parlamentaria. El proyecto de modificación del reglamento legislativo para eliminar las votaciones secretas no se salvó de la jugada, siquiera porque su autor es el diputado liberacionista José Joaquín Hernández.
Había acuerdo de los jefes de fracción para votar la iniciativa el miércoles, pero, contra la costumbre, se ordenó la lectura integral del texto, incluida la exposición de motivos. La pérdida de tiempo no bastó para los fines obviamente perseguidos. Entonces, el presidente del Directorio, Rodrigo Arias Sánchez, dio la palabra a su compañera de bancada Dinorah Barquero, inmediatamente después de la breve defensa del texto ejercida por Hernández.
La diputada no es proponente de la iniciativa, y Arias no había abierto el debate por el fondo. No había motivo para dar la palabra a Barquero, quien habló los 15 minutos necesarios para poner fin a la sesión. Posteriormente, el presidente legislativo atribuyó lo sucedido a un error.
El incidente es una nueva demostración de las dificultades del PLN para aprender las lecciones dictadas una y otra vez por el electorado. El secretismo es cada vez más inaceptable en la toma de decisiones políticas, especialmente las más trascendentales, como la elección de magistrados o su permanencia en el cargo. Por otra parte, la maniobra y la finta son cada vez más ofensivas.
Ninguna agrupación política debería tenerlo tan claro como Liberación Nacional, una y otra vez castigado, en ocasiones con razón y en otras sin ella, por la falta de transparencia. El país exige de sus diputados el valor de emitir un voto frente a los ciudadanos. También, les demanda abandonar las pequeñas astucias del pasado. El argumento de las presiones a que quedan expuestos si votan abiertamente es a estas alturas inaceptable. En el mejor de los casos, sería una confesión de falta de carácter y convicciones. Exigir el velo del secreto para el momento culminante de una de las funciones más públicas es un contrasentido monumental.
Ni siquiera los jueces se eximen de calzar sus decisiones con la firma. No puede haber tribunales secretos precisamente porque una garantía de la recta administración de justicia es la publicidad. Sin ella, la posibilidad de una desviación es mucho mayor. Por las mismas razones, la ciudadanía sospecha de los acuerdos políticos bajo la mesa, al abrigo de normas y costumbres protectoras del secreto.
Tan extendidas llegaron a ser estas prácticas, que el país terminó por demonizar las negociaciones y acuerdos políticos en sí mismos. Ese exceso ha causado mucho daño, pero no hay posibilidad de repararlo mientras los dirigentes sigan empeñados en cultivar la sospecha. El secreto alimenta la erosión de la confianza en la institucionalidad y el sistema democrático. No se puede hablar de un régimen de representación popular y pretender la libertad de ejercerla en secreto.
La manía del PLN de exhibirse precisamente bajo la luz que menos le favorece es inexplicable, salvo por la dificultad de rectificar hábitos históricos. El diputado Hernández parece decidido a lograrlo, y consiguió el apoyo de muchos compañeros de bancada, porque la reforma se aprobó el jueves por 43 votos a favor y 5 en contra, pero lo que debió ser un mérito fundamentalmente liberacionista, orientado por las sanas exigencias de la sociedad en nuestros tiempos, quedó empañado sin necesidad.