5 septiembre

La diáspora venezolana, una de las grandes tragedias humanitarias de nuestro continente, agrega a sus tribulaciones el flagelo de la pandemia. Impulsados por la miseria del chavismo y su minuciosa destrucción de la economía, los migrantes viajaron en todas las direcciones para encontrar trabajo, alimentos y asistencia médica. Muchos cruzaron la frontera con países vecinos, en especial Colombia.

La pandemia desató su furia también sobre esas naciones y secó las fuentes de empleo, poniendo a los migrantes en la disyuntiva de enfrentar necesidades extremas en su país o fuera de él. Muchos optaron por el regreso, pero el mismo régimen causante de su partida les pone dificultades para volver.

Unos 95.000 venezolanos han vuelto a cruzar la frontera desde marzo y otros 42.000 están en espera de lograrlo, mas el gobierno de Nicolás Maduro solo permite la entrada a 1.200 cada semana. Los afortunados sufren internamiento en todo tipo de instalaciones públicas para hacer prolongadas cuarentenas con difícil acceso al agua y los alimentos.

Tengan síntomas o no, se les obliga a ingerir medicinas de utilidad cuestionada y con potencial dañino, como la hidroxicloroquina. En esas condiciones, la posibilidad de transmisión del virus es altísima y personas sanas en el momento de traspasar la frontera, seguramente la mayoría, pueden terminar enfermas al cabo del aislamiento supuestamente sanitario.

Los demás aspirantes a la repatriación permanecen en campamentos hechizos en territorio colombiano o se arriesgan a cruzar por senderos entre la maleza. A estos últimos se les conoce como “trocheros” y se les somete a persecución. Las fuerzas armadas se refieren a ellos como “bioterroristas”, por la posibilidad de que difundan el coronavirus, e instan a la población a denunciarlos. Hay redadas y allanamientos para encontrarlos y encerrarlos.

Para el régimen venezolano, con su maltrecha economía y un sistema de salud destrozado mucho antes de la pandemia, la vertiente política de la covid-19 se impone a la emergencia sanitaria. Y el método acostumbrado para enfrentar los retos políticos es la represión. Infectarse en Venezuela es prácticamente un delito, con la excepción de los enfermos pertenecientes al grupo gobernante, pero el ensañamiento con los migrantes es particularmente grosero.

Nada tiene eso de extraño. Regímenes como el venezolano ven la salida del país como una traición y a los migrantes como opositores sin redención. Mientras los gobiernos de todo el mundo, incluido el costarricense, mantienen sus puertas abiertas al regreso de sus ciudadanos y hasta organizan vuelos especiales para repatriarlos, el régimen de Maduro les hace la vida imposible.

Una extensa información publicada al respecto por The New York Times también da cuenta de los excesos represivos del madurismo contra la población local y los atribuye al temor de que la pandemia desnude, todavía más, las carencias del sistema. Los hospitales venezolanos fueron objeto, hace más de un año, de informes de prensa internacionales donde destacaban las condiciones insalubres, la falta de instrumental y medicamentos básicos y los pasillos utilizados como salones de internamiento.

El país no está equipado para enfrentar el formidable reto de la pandemia. Quizá por eso los números oficiales son ridículamente bajos y contrastan con las observaciones de médicos, enfermeros y otros ciudadanos. En uno de los países más empobrecidos de América, con casi 30 millones de habitantes, las autoridades admiten 35.697 casos y 297 muertes, pero médicos del hospital más grande de Maracaibo, citados por The New York Times, cuentan 294 a mediados de agosto en solo ese centro de atención. La pandemia acapara la atención internacional, pero Venezuela está siendo afectada por mucho que la covid-19 y es preciso denunciarlo.