El proyecto sustitutivo presentado por el gobierno a la comisión legislativa de Ciencia, Tecnología y Educación de la Asamblea Legislativa para establecer la educación dual difiere poco del planteamiento anterior, pero podría conciliar algunos puntos de desacuerdo, en particular, el referido a la naturaleza de la relación establecida entre la empresa y los practicantes interesados en complementar su formación teórica con práctica laboral.
La exigencia de un contrato de trabajo, con plenas cargas sociales y otras obligaciones para las empresas, anula, en la práctica, los beneficios de la educación dual. La intención es abrir a los estudiantes oportunidades para adquirir experiencia y cimentar sus conocimientos, aunque sea en potencia, pero pocas empresas estarán en disposición de hacerlo si implica compromisos onerosos.
El texto sustitutivo abandona la idea de establecer un contrato laboral y lo sustituye por un convenio entre el centro educativo y la empresa, así como un acuerdo de matrícula entre el estudiante y la institución de enseñanza. Los acuerdos incluirán protección para la empresa en campos como la divulgación de información confidencial y también para el estudiante, cuyas condiciones de trabajo se ajustarán a lo acordado por la empresa y el centro educativo, que podría ser una universidad, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), un colegio técnico —público o privado— o un centro parauniversitario.
La naturaleza de la relación entre la empresa y el estudiante es uno de los grandes puntos de desacuerdo. El programa no es viable si se intenta establecer una relación laboral, pero la insistencia en regular las condiciones de trabajo como si se tratara de un empleo propiamente dicho ha sido constante, tanto como para estancar el proyecto.
El nuevo texto crea un fondo de becas con el 1 % de los ingresos del INA para permitir la participación de pequeñas empresas en el programa. El dinero ayudará a enfrentar gastos de transporte, alimentación y vestimenta, entre otros. Las empresas financiarán las pólizas de riesgos del trabajo.
Otro punto polémico es la creación de un órgano desconcentrado para administrar la educación dual. El proyecto del Ejecutivo encarga esa función al Ministerio de Educación Pública, que creará una comisión asesora y promotora para impulsar la utilización del sistema y velar por su correcta aplicación. El gobierno propone integrar a la comisión a un representante de los sindicatos del magisterio.
Los sectores interesados están abocados al análisis del nuevo texto y, por lo menos desde la empresa privada, lo califican, inicialmente, de “razonable”. Algunas disposiciones seguramente llamarán a debate, como la obligación de certificar, en el INA, a quienes servirán de mentores para los estudiantes. Las condiciones de la certificación, el tiempo requerido para obtenerla y el número de mentores exigidos pesará mucho en el ánimo de las empresas a la hora de decidir su participación en el programa.
La discusión ya ha consumido años, como si no viviéramos en un país con altos niveles de desempleo e insuficientes oportunidades para la juventud. Mientras seguimos enfrascados en el eterno debate, la oferta del Instituto Nacional de Aprendizaje sigue desalineada con las necesidades de la producción y da la espalda a las exigencias del mercado de trabajo.
La educación dual está probada en naciones desarrolladas, como Alemania, Suiza, los Países Bajos y Austria, donde se le considera estratégico para enfrentar el problema del desempleo juvenil. Así lo explicó la ministra alemana de Educación, Johanna Wanka, durante su visita al país. Deberíamos hacer caso.