15 abril

Tirios y troyanos concuerdan con que las remuneraciones en el sector público son un disparador del gasto y esa es la razón del alto déficit de las finanzas públicas, en particular, las del Gobierno Central. Los pagos adicionales por dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, anualidades y otros más superan, en muchas instituciones, el salario base, lo cual no deja de ser motivo de preocupación para los llamados a actuar en materia de política pública.

Con el ánimo de introducir racionalidad, la administración Alvarado presentó el lunes 8 de abril un proyecto de ley de empleo público, cuyas normas conviene analizar con profundidad para determinar si su aplicación cumple los objetivos de coadyuvar al aumento de la eficiencia en la operación del sector público y controlar el crecimiento del gasto ligado a salarios y pluses pagados a los funcionarios.

Lo esencial de la propuesta consiste en fijar salarios únicos y competitivos a los trabajadores contratados en el futuro y unificar —en un nivel bajo— otros beneficios ligados a las remuneraciones. La reforma incluye otorgar cada mes de junio un salario adicional a los funcionarios cuyo desempeño haya sido excelente o sobresaliente durante al año anterior, grupo que no deberá ser superior al 30 % de la planilla. Quienes alcancen una calificación muy buena recibirán un reconocimiento de naturaleza no monetaria, como el beneficio del teletrabajo, horarios flexibles, licencias por paternidad, entre otros.

Ningún funcionario nombrado a partir de la entrada en vigor de la ley recibirá una paga superior a la del presidente de la República y operará el principio “a igual trabajo, igual salario en condiciones de eficiencia idénticas en puesto y jornada”.

Lo señalado implica que, en los primeros años de regir la reforma, el peso de las remuneraciones en el Estado serían superiores porque las nuevas contrataciones aparejarían salarios más elevados que la base actual. El ahorro de la propuesta comenzaría a reflejarse dentro de 18 años y, según calcula la jerarca del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán), sería de unos ¢55.000 millones anuales, lo cual es demasiado bajo con relación al tamaño (medido por el producto interno bruto) que razonablemente tenga la economía costarricense. El que los efectos de la reforma propuesta sean tan a largo plazo, por no cubrir a los funcionarios actuales, y su impacto muy bajo tienden a anular los objetivos del proyecto. Lo ideal, en una propuesta en materia de empleo y remuneraciones en el ámbito público, es que sea capaz de generar ahorros cuanto antes, no dentro de dos décadas.

El limitar el sueldo máximo de los servidores públicos al del presidente de la República haría difícil encontrar en el futuro empleados idóneos para cargos de alta dirección en instituciones y empresas públicas. Una opción para solventar el problema sería elevar la paga al ocupante de la primera magistratura.

Otro aspecto por considerar, pues existe la posibilidad de que sea fuente de problemas a largo plazo, es el que encierra el principio “a igual trabajo, igual paga” porque, con base en este, funcionarios contratados después de la entrada en vigor de la ley podrían alegar ser discriminados si los más antiguos reciben montos superiores por su desempeño en cargos comparables.

Las remuneraciones en el sector público es un asunto relevante y, por ello, el proyecto de ley presentado por el gobierno debe ser estudiado críticamente en todas sus aristas, las cuales van desde procurar ahorros significativos en el gasto público y promover más eficiencia en el trabajo de los empleados estatales hasta dotar de equidad la paga. Por su trascendencia, no debe ser aprobado a la ligera.