7 agosto

Rigoberto Vega, presidente de la Federación Alianza Evangélica Costarricense, sitio de encuentro del 85 % de las 4.000 iglesias de esa vertiente religiosa, pide a los pastores abstenerse de la política electoral. Le preocupa el efecto de los escándalos surgidos de los últimos comicios y el enfrentamiento entre el diputado Carlos Avendaño y el excandidato de Restauración Nacional Fabricio Alvarado. “Da pena ajena”, afirmó para enfatizar su molestia.

En particular, le preocupa el abandono de la misión esencial de los pastores para dedicarse a asuntos ajenos a su ministerio, para los cuales “no fueron llamados”. En consecuencia, pide a los pastores dejar a sus iglesias al margen cuando participan en política electoral. “No cuenten con nosotros para tomarse un café si tiene que ver con política”, afirmó.

La religión entró a la política partidista costarricense de la mano de un grupo de pastores evangélicos, mientras otros los llaman a reconsiderar el camino elegido.

Casi al mismo tiempo, el obispo de Tilarán, Manuel Eugenio Salazar, reivindicó el derecho de la Iglesia católica a participar en política. El mensaje resultó algo confuso. Monseñor habló específicamente de Iglesia y política, pero luego definió los términos de forma que no necesariamente llama a articular opciones electorales. “Aclaro: Iglesia somos todos los creyentes y la política es el esfuerzo para construir el bien común”.

Iglesia, con apego a la etimología, es la asamblea de los católicos. “Como ciudadanos, tenemos el derecho inviolable de meternos en política”, afirmó. Lo mismo puede decirse de los evangélicos y del resto de las denominaciones religiosas, así como de los ciudadanos no creyentes. Más adelante, sin embargo, el obispo reclamó el derecho de los clérigos “a no ser ciudadanos de segunda categoría, minoría discriminada”, en aparente alusión a las prohibiciones constitucionales.

Esa referencia vuelve a plantear la pregunta de si se refiere a la Iglesia como institución o como el conjunto de fieles y a la participación en política como actividad electoral o como voz y voto en el debate público. La distinción es necesaria porque la incursión de la religión en la política electoral y en el ejercicio del poder estatal no tiene precedentes halagüeños.

“Un Estado debe ser laico. Los Estados confesionales terminan mal. Esto va contra la historia. Creo que una laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un marco para avanzar”, dijo el papa Francisco a la revista católica francesa La Croix.

En el 2006, Benedicto XVI declaró: “Debemos volver a definir el sentido de una laicidad que subraya y conserva la verdadera diferencia y autonomía entre las dos esferas, pero también su coexistencia, su responsabilidad común”. Dos años más tarde, saludó la separación de la Iglesia y el Estado como “un progreso de la humanidad y una condición fundamental para su misma libertad”.

Benedicto nunca dejó de insistir en la “sana laicidad” y manifestó su admiración por el modelo estadounidense: “Lo que me encanta de Estados Unidos es que comenzó con un concepto positivo de la laicidad porque este nuevo pueblo estaba compuesto de comunidades y personas que habían huido de las Iglesias de Estado y querían tener un Estado laico, secular, que abriera posibilidades a todas las confesiones, a todas las formas de ejercicio religioso. Así nació un Estado voluntariamente laico: eran contrarios a una Iglesia de Estado, pero el Estado debía ser laico precisamente por amor a la religión en su autenticidad, que solo se puede vivir libremente”.

El pastor Rigoberto Vega también reclama el derecho de los evangélicos a participar en la discusión pública, particularmente, cuando surgen temas de interés específico, pero no permite ambigüedad alguna en cuanto al carácter de esa participación. Definitivamente, dice, no debe ser electoral.

La religión entró a la política partidista costarricense de la mano de un grupo de pastores evangélicos, mientras otros los llaman a reconsiderar el camino elegido. Su ingreso produjo un particular grado de polarización y crispación. La Iglesia católica nunca dejó de expresar sus puntos de vista sobre los grandes asuntos económicos y sociales, pero hace mucho se apartó de las urnas.

En Costa Rica, lo hizo, quizá, desde los tiempos de la Unión Católica, en la última década del siglo XIX. Sí, en el siglo XX hubo un monseñor Sanabria y un padre Núñez, pero ninguno de los dos lideró una participación orgánica de la Iglesia en política. La militancia político-electoral del clero no fue buena para la política y tampoco para el clero.