Editorial

Editorial: Reforma tan difícil como necesaria

No importa cuanto lo exija la ciudadanía, la imposición de límites a la reelección de alcaldes parece imposible.

La callada exclusión de las municipalidades de la ley de empleo público es una demostración de la influencia de los gobiernos locales en la Asamblea Legislativa. No pesan tanto como para sobreponerse a la reacción de la opinión pública una vez conocido el desacierto, pero sí lo suficiente para hacer valer sus pretensiones en la negociación política discreta.

Con menos sigilo, pero en circunstancias muy diferentes, los gobiernos locales se eximieron de la regla fiscal, aunque el debate público los obligó a renunciar a otras pretensiones contenidas en el mismo proyecto de ley. No lograron, por ejemplo, eximirse del sistema unificado de compras públicas ni libraron de la regla fiscal los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda que, de todas formas, son modestos en comparación con las demás fuentes de ingresos.

En suma, nada impide modificar las características del régimen municipal y, cuando los concejos quieren, los cambios se facilitan, en muchas oportunidades a contrapelo de la opinión pública y del criterio de organismos calificados, como el Banco Central y la Contraloría General de la República, ambos inútilmente opuestos al levantamiento de la regla fiscal.

Pero existe un cambio impracticable, no importa cuanto lo exija la ciudadanía: la imposición de límites a la reelección de alcaldes. Quizá no haya otro asunto político capaz de generar tal consenso. Los límites a la reelección, sobre todo cuando es consecutiva, constituyen una sana práctica democrática.

Costa Rica tiene clara comprensión de su conveniencia y la aplica a los más altos cargos públicos, pero no a las alcaldías. La escasa participación popular en los comicios locales y la facilidad para cultivar, desde el poder, vínculos con grupos de electores reducidos, pero suficientes, perpetúa a los alcaldes en sus despachos.

  • El año pasado 50 de 82 alcaldes lograron reelegirse y algunos cumplirán 30 años en el cargo.

Los gobiernos locales actualmente constituidos son beneficiarios de la reelección consecutiva e indefinida y no tienen interés en promover el cambio. Quien se atreva a hacerlo se los encontrará de frente. Algunos lo han intentado, con muy poca suerte. Es más fácil cuestionar la sujeción a la regla fiscal o la inclusión de los gobiernos locales en la ley de empleo público que promover una reforma de tanto sentido común, para la cual existe amplísimo apoyo de la ciudadanía.

El año pasado 50 de 82 alcaldes lograron reelegirse y algunos cumplirán 30 años en el cargo. La misión de expertos electorales de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recomendó revisar la reelección indefinida para asegurar la alternancia en el poder, pilar fundamental del sistema democrático. La misma recomendación hizo el organismo interamericano cuatro años antes.

La reforma se hace más urgente ahora que la atomización política y el debilitamiento de las estructuras partidarias crean vacíos tentadores para quienes detentan un poder estable, aunque reducido al ámbito local. En conjunto, las alcaldías de cualquier partido ejercen un influjo desproporcionado y la consolidación del poder local se traduce en cuotas dentro de las agrupaciones políticas y en la Asamblea Legislativa. Así, al fraccionamiento político se le suma una manifestación territorial con serias consecuencias para la gobernabilidad.

El fenómeno se agrava a ritmo acelerado, y solo encontrará freno cuando exista un límite a la reelección de los alcaldes. La reforma política, cuya necesidad se hace cada vez más imperiosa, debe comenzar por ahí, un ajuste muy sencillo y coherente con el resto del diseño institucional, si no fuera por la influencia de los alcaldes sobre los partidos y la Asamblea Legislativa.