Nada demuestra el exceso de poder de los alcaldes como la incapacidad de la Asamblea Legislativa para poner límite a su reelección. El país comprende los inconvenientes del poder con plazo indefinido y la espuria ventaja de hacer campaña desde el cargo. Por eso, impide la reelección consecutiva de presidentes y diputados, pero los alcaldes son intocables, no importa la opinión pública, y tienen la fuerza para constituirse en excepción.
En pleno escándalo por la Operación Diamante, parecía segura y rápida la aprobación de una reforma; sin embargo, los días pasan y el Congreso parece depositar su confianza en el olvido. El proyecto permanece en una comisión cuyos integrantes incluyen a varios de los “municipalistas” más férreos.
Con la reforma en manos de los eventuales reformados, no son de extrañar la lentitud del trámite, en parte producto de las maniobras para ganar tiempo, y la búsqueda de una versión de “consenso” para dejar intactas las estructuras de poder mientras se aparenta un cambio.
Nuestro editorial del 23 de noviembre lo advertía bajo el título “Cuidado con cambiar para que todo siga igual”. Si la reforma avanza merced al escándalo y la necesidad política de distanciarse de él en plena campaña, bien podría consistir en el mínimo necesario para lograr ese desapego profiláctico. Los perjuicios para la gobernanza democrática seguirán en su lugar, incluida la inclinación al clientelismo y el crecimiento de la influencia de quienes logran eximirse de la disciplina fiscal no importa cuán crítica sea la situación de las finanzas públicas, restar fondos al Consejo Nacional de Vialidad aunque las carreteras nacionales estén en peligro, apoderarse de los principales partidos políticos, de sus listas de diputados y, quizá, consigan en el futuro imponer a dedo un candidato presidencial, como lo intentaron hace pocos meses.
Cada cuatro años, los electores manifiestan su indiferencia hacia el gobierno local en raquíticas votaciones, decididas por unos cuantos cientos de sufragios. Los vencedores, una vez juramentados, transforman la escuálida base electoral en un poder que se alimenta de sí mismo, debido a las prerrogativas del cargo.
Así se explica la reelección de 50 de los 66 alcaldes que volvieron a postularse en el 2020. Apenas 16 candidatos a la renovación del mandato fracasaron y solo 32 cantones estrenaron cabeza del gobierno local. Una docena de alcaldías quedaron en manos de las mismas personas por cuarta o quinta vez.
La renovación de los mandatos contrasta, en demasiados casos, con los índices de desempeño cantonal. En comicios poco concurridos, donde unos cuantos votos marcan la diferencia, las redes de clientelismo pueden resultar mucho más decisivas, así como los vínculos políticos consolidados a cambio del apoyo a los pretendientes de cargos en el Ejecutivo, el Legislativo y todos los rincones de la administración local.
El círculo vicioso no se romperá mientras exista la reelección indefinida. Por eso, es indispensable aprovechar la oportunidad creada por la Operación Diamante y vigilar de cerca el producto de la Comisión de Asuntos Municipales. Si la pretensión es dejarlo todo igual o esperar los efectos del olvido, es preciso exponer la maniobra ante la opinión pública cuantas veces sean necesarias.
Si la reforma no se logra, el poder de los alcaldes reformará al país con resultados nefastos. Varias iniciativas exitosas de los gobernantes locales lo demuestran. Las advertencias de dirigentes de todos los partidos políticos son muchas, pero deben bastarnos el sentido común y la vocación democrática para comprender la amenaza.