El Banco Mundial pronostica para este año la peor recesión después de la Segunda Guerra Mundial. La economía global podría caer más de un 5 % y la de los países desarrollados —entre ellos los Estados Unidos, principal socio comercial de Costa Rica— alrededor de un 7 %. Por su parte, el Banco Central de Costa Rica calcula que en el 2020 la economía nacional podría disminuir un 3,6 %, pero el desplome en actividades más sensibles a los efectos de la pandemia, como el turismo y los servicios, sería mayor y, por eso, es necesario adoptar planes para minimizar los daños.
Las entidades financieras, como los bancos, mantienen estrechos vínculos con todo el sector productivo, del cual captan ahorro y al que otorgan crédito a corto, mediano y largo plazo. Sus balances de situación muestran un elevado apalancamiento, pues el capital aportado por los socios es relativamente bajo en comparación con la captación de recursos del público. Por eso, precisamente, se les denomina “intermediarios financieros”. Esto tiene enorme importancia normativa porque obliga a velar continuamente por la calidad de la cartera de préstamos, so pena de poner en peligro el interés de los depositantes.
La pandemia llevó a las autoridades a diseñar un protocolo de salud e higiene y de confinamiento ciudadano que por dos o tres meses ha causado una significativa rebaja en el nivel de actividad de muchas empresas y, en algunos casos, hasta llevó al cierre. Con ingresos más bajos, los empresarios endeudados con bancos y otras entidades financieras enfrentan dificultades para atender sus obligaciones.
Los bancos tomaron la iniciativa de posponer pagos por dos o tres meses y hasta reestructuraron operaciones con muchos de sus clientes, pero su capacidad no es ilimitada. La liquidez de muchos intermediarios se ha visto afectada y, en casos más difíciles, se redujeron las utilidades de bancos obligados a reforzar las provisiones para créditos malos.
El Banco Central ha mostrado disposición a ejercer su papel de prestamista de última instancia, mediante el redescuento de documentos de crédito sano ofrecidos por los intermediarios. Pero ese recurso, si bien es deseable, también tiene un límite porque, a partir de cierto punto, podría resultar inflacionario.
Las autoridades monetarias, en particular el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), se han abocado a revisar la normativa bancaria, incluida la de aprovisionamiento, que podría relajarse sin lesión para el sistema con el fin de ayudar a sobrellevar la difícil situación. Sin embargo, de nuevo, si una empresa quiebra por efecto de la pandemia, su banco acreedor no podría más que hacer el ajuste contable.
Los bancos recién anunciaron que el plazo general de tres meses concedido a los acreedores para enfrentar la crisis mediante la posposición del servicio de sus deudas está por terminar y, más allá de eso, no habrá prórrogas adicionales automáticas, sino, de ser necesarias, solo las de naturaleza selectiva, previo análisis de cada caso. La decisión parece prudente porque, conviene recordar, los bancos deben velar por el interés de sus depositantes y otros acreedores.
En periodos como el actual, las utilidades y el capital bancario están llamados a desempeñar la función clave esperada de ellos, la cual es servir de colchón para las posibles pérdidas generadas por una fase crítica. La prudencia llama a que los entes financieros se abstengan, por ahora, de repartir dividendos, en espera del fin de la crisis y el regreso de las operaciones normales.
La máxima prudencia es la regla por seguir, pues no cabe duda del papel estratégico de la banca en la economía de los países y porque, como muestra la experiencia, los problemas en el campo financiero rápidamente se trasladan al ámbito real, con lo cual todos perdemos.
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