27 noviembre, 2020

La necesidad de controlar el crecimiento del gasto del Gobierno Central a partir de este año, y ciertamente en el 2021 y los siguientes, es obvia. Urge bajar el endeudamiento público y la carga de intereses. El país debe agradecer a una significativa mayoría de legisladores —48 de 51— la aprobación en primer debate de una reducción de ¢162.000 millones en los gastos incorporados al proyecto de presupuesto del 2021.

Es un recorte simbólico, pues solo equivale al 0,45 % del producto interno bruto estimado por el Banco Central, pero va en la dirección adecuada. Las rebajas afectan a prácticamente todas las dependencias públicas financiadas con el presupuesto nacional, aunque no en los mismos montos. Mientras al Ministerio de la Presidencia se le quitaron ¢365 millones, al Tribunal Supremo de Elecciones se le rebajaron ¢2.610 millones.

Como era de esperar, las entidades afectadas temen un impacto en su desempeño y alegan efectos sobre los programas que más interesan a la sociedad. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, los recortes influirán en su capacidad para emitir cédulas y mantener la plataforma de seguridad. Para el Ministerio de Seguridad, la disminución del presupuesto afectará el combate del narcotráfico y las posibilidades de desplazamiento para cumplir las funciones a su cargo.

El Ministerio de Hacienda, quizá con el concurso del Ministerio de Planificación y Política Económica, debió haber analizado la importancia de cada partida para introducir recortes en las de menor relevancia relativa. Los diputados, con menos acceso a información básica y menos tiempo para actuar, no deberían verse obligados a hacer los recortes. Su intervención en esas condiciones podría implicar una dosis de ineficacia.

Lo ideal es concentrar el control del gasto en las remuneraciones, plazas y montos de pago, porque ahí está la mayor proporción de gasto público controlable. No deberían sacrificarse las inversiones públicas, pues el deterioro de la infraestructura tiene grandes costos para la sociedad. Tampoco es posible actuar sobre las partidas de amortización y pago de intereses, pues obedecen a compromisos ineludibles. No obstante, por lo general, las partidas de salarios, pluses y similares no se tocan por temor a la reacción de los afectados directos.

Si los recortes aprobados en primer debate dejaran en precario la operación de algunas dependencias, el Gobierno Central deberá analizar las prioridades y, mediante un presupuesto extraordinario, solicitar a la Asamblea Legislativa el cambio de unas partidas a otras para operar con eficiencia, mientras el total presupuestado no aumente. Las modificaciones pueden ser en lo interno de cada dependencia y también entre dependencias.

Si los presupuestos públicos se confeccionaran de forma modular y por objetivos, sería relativamente fácil pronunciarse con respecto a las partidas por conservar y las que pueden eliminarse por constituir duplicidades o por no pasar la prueba de costo-beneficio. Pero si el presupuesto es tan solo un «listín de gastos», como alguna vez manifestó un ministro de Hacienda, los recortes no escaparán de ser, en cierta medida, arbitrarios, y solo quedará la vía del presupuesto extraordinario para subsanar las deficiencias.

El Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo en general deberían ser los más interesados en el control del gasto público excesivo. Ojalá ese interés fuera demostrado desde la elaboración del presupuesto nacional para no obligar a la Asamblea Legislativa a hacer la tarea en el último momento.