27 diciembre, 2019

Es perfectamente válido preguntar si la norma técnica sobre la interrupción del embarazo para preservar la vida y salud de la madre invade una materia reservada a la ley. Tampoco hay motivo para objetar el traslado de la duda a los tribunales. Así, se dirimen los desacuerdos en una democracia republicana.

A los congresistas se les elige para legislar, no para impedirlo. Aparte de los recursos judiciales a su disposición, pueden manifestarse por diversas vías.

Es ilegítimo, en cambio, tomar al proceso democrático de rehén y paralizarlo hasta imponer la tesis defendida por el secuestrador. Cuando el presidente de la República firmó la norma, invocó sus potestades constitucionales como fundamento. Corresponde al Poder Judicial decidir si se extralimitó.

La paralización de la Asamblea Legislativa y la disrupción de la agenda gubernamental son medidas de fuerza inaceptables. Por fortuna, las principales fracciones de oposición rechazaron la posibilidad y se comprometieron con el trámite normal de los proyectos en curso.

Castigar al país y sacrificar sus intereses en otras áreas, como represalia por una política del Ejecutivo, es incumplir deberes ineludibles de la representación popular. A los congresistas se les elige para legislar, no para impedirlo. Aparte de los recursos judiciales a su disposición, pueden manifestarse por diversas vías, desde la protesta de las legisladoras que optaron por mantenerse de pie, descalzas, hasta la intervención durante el tiempo destinado al control político.

El obstruccionismo, empleado con éxito en otros periodos constitucionales, erosionó durante largos años el prestigio del Congreso y figuró entre las principales preocupaciones de los actuales diputados. Por eso, promovieron una reforma al reglamento legislativo y lograron aprobarla contra todo pronóstico hecho a partir de las experiencias pasadas.

La Asamblea Legislativa se ha distinguido por la diligencia y voluntad de sus miembros actuales para enfrentar delicados problemas nacionales. A mediados de noviembre, el Informe Estado de la Nación le dio crédito por evitar una crisis nacional de grandes proporciones. “El sistema político pudo dar respuestas oportunas”, dice el estudio. Gracias a la productividad del Congreso —añade— “el país conserva, al día de hoy, su estabilidad económica”.

Esa realidad no impide señalar las tareas pendientes, algunas no tan urgentes como las pruebas superadas en el pasado reciente, pero indiscutiblemente necesarias. No es el presidente, Carlos Alvarado, ni su gobierno, los que se beneficiarán de una reforma al empleo público. La nueva ley sería un legado del Congreso para futuras administraciones y, sobre todo, para un país incapaz de mantener los excesos acumulados a lo largo de décadas en el aparato estatal. Entre ese grave problema y la norma técnica no hay conexión alguna.

La agenda del gobierno para los cinco meses de sesiones extraordinarias, iniciadas el 1.° de diciembre, es sustancial y recoge iniciativas compartidas por otras fuerzas políticas. La regulación del derecho de huelga está en su última etapa, luego de superar las consultas de constitucionalidad y el examen de la comisión encargada de rendir un nuevo dictamen. También están avanzados los proyectos restantes para la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), proceso iniciado en administraciones anteriores y beneficioso para las futuras.

La modernización de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es una necesidad de la juventud costarricense y una condición para el desarrollo en el marco de la cuarta revolución industrial. Otro tanto puede decirse de la flexibilización de las jornadas laborales y el fortalecimiento de la inspección laboral. Sujetar el avance de esas y otras iniciativas a la imposición de un punto de vista, sin más razón que la parálisis del sistema político, es un acto de irresponsabilidad.