15 marzo

El legislador creyó hace nueve años haber encontrado la solución al robo de ganado. No se equivocó del todo, pero creó, sin proponérselo, un problema diferente, también perjudicial para el ganadero, pero grave en términos de salud pública. Las estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo demuestran.

La ley estableció un sistema de trazabilidad mediante guías de transporte del ganado. La documentación certifica el nombre del propietario, el origen y destino de los animales, la identidad del transportista y las marcas de propiedad impresas en los ejemplares transportados. El sistema dificulta el robo de ganado en pie, de todas formas complejo dada la necesidad de utilizar camiones de mayor capacidad.

En consecuencia, los delincuentes optan por destazar el ganado en la finca y transportan la carne en bolsas, con el uso de vehículos livianos. No hay carga visible y tampoco documentación, pero sí riesgos mayores por las circunstancias del destace a cielo abierto en los potreros.

Entre enero del 2017 y noviembre del año pasado, el OIJ recibió 1.053 denuncias de destace y 887 de robo de ganado en pie. Los casos de sacrificio de las reses en la finca superan a los de robo de animales vivos en un 19 %. Además, los propios ganaderos reconocen pérdidas muy superiores. Las denuncias apenas representan una fracción del total porque los propietarios conceden pocas posibilidades a la recuperación del ganado o a la captura de los cuatreros y, en lugar de invertir el día en tramitar la denuncia, guardan silencio.

La Encuesta Nacional Agropecuaria del 2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), dio cuenta de la pérdida de 8.923 animales, pero, en el mismo año, el OIJ solo recibió denuncia de 2.366 cabezas robadas o destazadas. Si los datos proporcionados al INEC por los ganaderos son precisos, las pérdidas ascenderían a ¢3.569 millones.

La Policía sabe de bandas organizadas de cuatreros, pero atribuye buena parte de los casos a delincuentes menos sofisticados. Esa es razón de más para temer por las implicaciones para la salud pública. Mientras más rudimentarias las bandas, peores las condiciones del destace y manejo de la carne.

Las pérdidas de los ganaderos, muchos de ellos humildes agricultores con pocas cabezas a su nombre, son motivo de sobra para intensificar las acciones policiales contra los cuatreros, pero la amenaza contra la salud pone sobre el tapete la necesidad de castigar con severidad a los compradores de carne robada.

El Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) advierte sobre los riesgos de contacto de la carne con la tierra, materia fecal u otros materiales contaminados y la posible perforación de vísceras en el momento mismo del destace, sin mencionar el posterior manejo y transporte de la carne. Quien somete la salud ajena a semejantes peligros debe ser objeto de fuertes sanciones, comenzando por la clausura del establecimiento.

Según Senasa, los comercios más propensos a vender carne robada no son carnicerías, sino sodas, restaurantes y bares. Las autoridades también han detectado comercio ilícito en turnos y fiestas patronales con afluencia de público. En cambio, consideran estricto el control sobre las facturas e inventarios de las carnicerías.

En cualquier caso, los comercios involucrados, cuando son descubiertos, deben ser objeto de castigos ejemplarizantes. No estamos ante un caso puro y simple de receptación, sino ante el menosprecio criminal de la salud y la vida.