3 marzo

Hay, en Costa Rica, una gran cantidad de empresas con menos de 30 empleados. Son las mipymes —micro, pequeñas y medianas empresas—, aunque generan empleo para una gran cantidad de trabajadores, enfrentan costos relativamente altos para formalizarse. Muchas no cuentan con estados financieros auditados ni cotizan para la seguridad social ni cumplen al pie de la letra las obligaciones tributarias. Para ellas, la formalización es demasiado cara.

Las políticas públicas deben proponerse reducir el costo de la formalización, para que los trabajadores y dependientes de las mipymes puedan tener acceso a los servicios de salud y de retiro ofrecidos a quienes trabajan en el sector formal. Esto es particularmente crucial en un entorno de alto desempleo, como el actual, que podría elevarse por razones externas, como la extensión del coronavirus o la reducción de la actividad económica mundial.

Las políticas públicas deben proponerse reducir el costo de la formalización para que los trabajadores y dependientes de las mipymes tengan acceso a los servicios de salud y de retiro.

Para atender los valles de los ciclos económicos, muchos países mantienen políticas anticíclicas, como las emisiones de deuda pública con tasas de interés bajas en los periodos de contracción y elevadas en los de expansión, o presupuestos contracíclicos, deficitarios en los valles y superavitarios en las cimas. En otros países, hay estabilizadores automáticos, como los seguros de desempleo, que aportan recursos a las personas en paro. En Costa Rica, no existe el seguro de desempleo y el fisco no puede poner en ejecución políticas anticíclicas porque opera con un déficit crónico.

Por eso, cobra importancia la solicitud del Instituto Nacional de Seguros (INS) a la Superintendencia General de Seguros (Sugese) para aprobar una reducción de las primas de seguros de riesgos del trabajo cuando la empresa asegurada es una mipyme. La rebaja propuesta es del 60 % el primer año, 40 % el segundo y 25 % el tercero. A partir del cuarto año, las mipymes volverían a pagar las tarifas usuales. Se trata de un estímulo temporal, diseñado para coadyuvar al alivio del grave desempleo en el país, que supera el 12 % de la población económicamente activa.

En primera instancia, la Sugese rechazó la propuesta porque podría atentar contra la rentabilidad de esa línea de seguros. Sin embargo, el INS sostiene que el aseguramiento de los riesgos del trabajo le produce un superávit, por lo que podría asimilar la reducción propuesta. En el 2018, por ejemplo, el INS recibió ¢159.000 millones por primas de riesgos del trabajo y solo pagó ¢104.000 millones por reclamos asegurados.

Por tratarse de un programa piloto, objeto de ajuste en el futuro, conviene estudiarlo con gran cuidado porque podría ser uno de los pocos estabilizadores automáticos del ciclo económico presentes en la economía nacional. En esta materia hay que reconciliar varios objetivos. El primero es mantener el costo de administración en un nivel mínimo para no recargar las primas que encarecen el uso del factor trabajo y tienden a aumentar el desempleo y la informalidad. La segunda condición es asegurar que la siniestralidad (relación entre las pérdidas y los montos asegurados) no suba, sino, idealmente, baje.

En todo seguro, es más relevante que las pérdidas cubiertas sean mínimas que distribuir entre la colectividad de unidades aseguradas el costo de los siniestros. Para lograrlo, el INS podría poner en práctica un sistema de devolución de primas a los patronos que, por sus esfuerzos, mantengan bajas las pérdidas. Esta posibilidad de estímulo ex post podría tener más viabilidad que el reconocimiento ex ante de una rebaja en las primas de los seguros de riesgos del trabajo a las mipymes.

Un plan piloto en cualquiera de los sentidos comentados promete ser valioso para la creación de más empleos formales y para llevar la seguridad social a un mayor número de trabajadores y familias costarricenses. No procede rechazarlo ad portas, sobre todo porque el INS tiene una reserva para desviaciones estadísticas en riesgos del trabajo que ronda los ¢13.000 millones y un nivel de capitalización muy elevado.