La primera dama, Claudia Dobles, consiguió, en poco tiempo, iniciar una conversación seria sobre la posibilidad de construir un ferrocarril eléctrico. El tren ayudaría a aliviar el congestionamiento de vías en el Valle Central y proporcionaría a los usuarios y conductores de vehículos mayor seguridad.
San José, como tantas ciudades del mundo, contaría con un medio de transporte masivo sobre rieles entre el aeropuerto internacional y diversos puntos del área metropolitana. Zonas muy congestionadas, como Lindora, disfrutarían el beneficio del importante medio de transporte, uno de cuyos extremos llegaría hasta Ciruelas, con un ramal hacia Alajuela. En la otra punta de la vía, el tren llegaría hasta Paraíso.
El proyecto trasciende los esfuerzos desplegados en los últimos años, consistentes en habilitar la infraestructura existente, añadiéndole equipos rodantes de más reciente factura, sin el beneficio de tecnologías modernas en aspectos como los controles requeridos para mejorar la seguridad.
Un choque frontal, con 106 heridos, algunos de seriedad, fue atribuido en el 2016 a un maquinista que omitió entrar en una bahía para esperar el paso del otro tren. Un año más tarde, la Cruz Roja atendió a un centenar de heridos, 18 de consideración y 2 de gravedad, cuando dos máquinas chocaron, también de frente. Entre esos dos accidentes, una locomotora embistió a otro tren por detrás y causó 13 heridos.
En los tres casos, los siniestros fueron consecuencia del error humano, pero, también, de la falta de equipos modernos para el control del tráfico ferroviario. El Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) admitió las carencias sin ambigüedades. Los choques frontales tuvieron la complicidad de la falta de un sistema de rastreo con tecnología GPS. El choque por detrás se debió a un frenazo de emergencia para no atropellar un auto. La súbita parada se confabuló con la excesiva cercanía del tren trasero.
A pesar de los riesgos e incomodidades, muchos usuarios prefieren viajar en tren para ahorrar tiempo. No hay mejor demostración de la sentida necesidad de un medio de transporte público capaz de evitar los embotellamientos y trasladar a los pasajeros a sus centros de trabajo, estudio y recreación.
El proyecto impulsado por la primera dama contempla pasos a desnivel y túneles para evitar las colisiones con autos, así como controles automáticos para minimizar la intervención humana y, por ende, el error. Todo eso cuesta dinero y el gobierno no lo tiene. El proyecto solo será posible mediante una alianza público-privada.
Tampoco es realista esperar que el concesionario ponga los $1.956 millones requeridos para ejecutar el proyecto. El gobierno busca un socio capaz de invertir $1.300 millones y el país pondrá el resto con la ayuda de financiamiento internacional. También se habla con franqueza sobre el valor del pasaje. Los estudios iniciales indican unos ¢1.047, comparados con los ¢570 actualmente cobrados por los autobuses de la ruta Alajuela- San José. El costo definitivo dependerá, entre otros factores, del plazo de la concesión.
El proyecto rompe así un cúmulo de tabúes que se han interpuesto al desarrollo de otras obras de importancia nacional. En primer lugar, están los prejuicios contra las alianzas público-privadas y la concesión misma. También cae por tierra la ilusa pretensión de esperarlo todo del concesionario, la idea de un resultado imposiblemente barato para el usuario y la insistencia en ignorar la relación entre el plazo y la tarifa.
Si a esa claridad se suma una unidad ejecutora conformada con los mejores profesionales disponibles en la Administración Pública y una voluntad política firmemente afincada en la Casa Presidencial, podríamos estar en camino de ejecutar una obra de enorme importancia por su utilidad y por el ejemplo sentado para proyectos similares. Por eso no hay margen de error ni espacio para ilusiones. El realismo es un elemento indispensable del planteamiento.