29 enero

Costa Rica tiene fama de nación democrática y respetuosa de los derechos humanos, pero las fuerzas represivas del gobierno de Carlos Alvarado rivalizan con los carabineros de Chile en su peor momento, según el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas.

La del dirigente sindical es la única voz de denuncia del presidio político en nuestro país. Nadie, como él, festejó la oferta de mediación del presidente Nicolás Maduro para poner fin a la fracasada huelga contra el plan fiscal. Para gozo de Vargas, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, puso a disposición al “presidente obrero”, capaz de conducirnos a un “diálogo social respetuoso”.

Quizá Maduro encuentre la forma de aliviar la soledad de Vargas y la esterilidad de sus denuncias

La prepotencia de Alvarado pasó por alto el ofrecimiento mientras el país estaba “ardiendo” en huelgas, con “represión policial por doquier, muertos y heridos durante las protestas cívicas de su pueblo sin armas reclamando justicia social”, según el canciller nicaragüense Denis Moncada.

Aunque el sindicalista no es partidario de “esas cosas”, según dijo a los diputados de la comisión dedicada a estudiar la legislación aplicable a las huelgas, señaló, con toda seriedad, los llamados a las armas en redes sociales. “¿Por qué hay costarricenses hablando de que se ocupa un golpe de Estado en Costa Rica?, ¿por qué hablan de que se requiere de la lucha armada y están planteando estudiar el concepto de la desobediencia civil?”, preguntó. La explicación está en la renuncia de los gobernantes a escuchar los clamores del pueblo, explicó.

Nadie escucha, por ejemplo, el clamor de Vargas contra el presidio político de un afiliado al sindicato de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), detenido cuando acababa de dañar una esfera de almacenamiento de gas LPG durante el segundo día de la fallida huelga. El desenganche de los tubos conducentes a una válvula causó un daño de ¢600.000 a la esfera y pérdidas por ¢15 millones debido al atraso de la descarga de dos barcos con gas licuado. Además, creó un serio riesgo de explosión, pero los tribunales se negaron a entender el legítimo carácter de protesta política del supuesto sabotaje y condenaron a su autor a dos años de cárcel y diez de inhabilitación para la función pública.

En ausencia de antecedentes, el sentenciado no conocerá la cárcel, pero eso no impidió a Vargas denunciar al mundo los abusos cometidos con complicidad de la judicatura. Hay, en eso de la administración de justicia, otra oportunidad de mejora con ayuda de los gobiernos de Venezuela y Nicaragua.

Pero la intervención del “presidente obrero” urge, sobre todo, en el propio sindicalismo. Cuando ofreció la mediación, Arreaza se cuidó de señalar, entre los atributos de Maduro, su “muy reconocido” pasado sindical. Con esos atestados, no tendrá dificultad para explicar a los dirigentes del gremio petrolero nacional la diferencia entre un preso político y una “oveja descarriada”, como ellos mismos describieron al autor del sabotaje luego de reconocer, en abierta contradicción con la tesis de Vargas, el carácter delictivo de sus actos.

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Quizá Maduro encuentre la forma de aliviar la soledad de Vargas y la esterilidad de sus denuncias. Urge, porque hasta sus supuestos representados se están cansando de él. Uno de ellos, Carlos Bejarano Cascante, escribió en un artículo publicado por este diario: “Tengo 35 años de ser funcionario público y algunos familiares cercanos también lo son. Dudo mucho de que la mayoría de los empleados públicos nos sintamos representados por Albino; no se lo hemos pedido, ni lo necesitamos, menos lo deseamos. Las manifestaciones y actuaciones del sindicalista no reflejan en lo absoluto nuestro pensamiento y sentir.

“Antes que funcionarios públicos, somos costarricenses, herederos de los más elevados valores de respeto a los derechos de las personas, respeto a las instituciones de nuestro Estado de derecho, hacia nuestros mayores, a la autoridad y, para el caso, hacia la libertad de expresión y movimiento.”