El Banco Central considera probable una rebaja de la tasa de crecimiento económico prevista para este año. El anuncio es preocupante. El instituto emisor había calculado un crecimiento real del producto interno bruto del 3,2 % en el 2019, inferior al histórico. Según los nuevos datos, podría ser todavía menor. Empresas especializadas como Consejeros Económicos y Financieros (Cefsa) y Ecoanálisis coinciden en señalar que la economía costarricense no muestra el dinamismo esperado y, según sus cuentas, el crecimiento de este año rondaría un 2 % o un 1,9 %, respectivamente.
El Programa Macroeconómico 2019-2020 está en proceso de revisión y su contenido se dará a conocer antes de fin de mes, dijo el Banco Central al admitir la probabilidad de un ajuste a la baja (“BCCR recortaría estimación de crecimiento para el 2019”, La Nación, 10/7/2019).
El bajo crecimiento económico tiene varias consecuencias adversas. Por un lado, impide reducir el alto nivel de desempleo y, más bien, se corre el riesgo de un aumento. Por consiguiente, la pobreza y la desigualdad también tenderán a incrementarse. Por otro lado, sufre la recaudación fiscal, pues las economías débiles generan menos impuestos, lo cual dificultaría alcanzar la meta de reducir paulatinamente el déficit primario (ingresos totales menos gastos antes de intereses), y obligaría a redoblar esfuerzos en el control del gasto público.
Una tasa de crecimiento real del producto interno bruto inferior a la inicialmente estimada eleva el endeudamiento público (razón deuda-PIB). También termina anulando parte de la ventaja de una reducción en las tasas de interés pagadas por el gobierno por su endeudamiento.
En materia macroeconómica, es sabido que todo ajuste fiscal tiene efectos recesivos a corto plazo, pues, en tanto consista en una subida de la carga tributaria, reduce el poder de compra de los consumidores. Y los recortes de gasto público, aunque necesarios, también afectan el crecimiento inmediatamente. Por lo anterior, es urgente la puesta en práctica de un plan concreto de reactivación económica capaz de rendir frutos casi al instante.
La construcción de obra pública —en particular la necesitada de muchos recursos humanos, como la edificación y mejora de instalaciones escolares— y la remoción de limitaciones innecesarias al sector turismo, al comercio y a la actividad agrícola van en esa dirección. La concesión de obra pública para contar con carreteras, puertos y aeropuertos es estratégica porque no acarrea gastos para el gobierno y mejora la infraestructura necesaria para estimular el crecimiento.
También es pertinente considerar una medida para permitir la depreciación acelerada (en uno o dos años) a las empresas privadas que hagan inversiones físicas en el período 2019-2023 porque tiene un efecto expansivo casi inmediato.
El gobierno debe trabajar en conjunto con el sector privado para identificar las limitaciones concretas que lo afectan y proceder a enmendarlas. Sin embargo, ninguna medida de estímulo debe consistir en subsidios ni en más proteccionismo, pues a largo plazo se pierde lo que se gana a corto.
El gobierno no debe conformarse con medidas estructurales. Aunque necesarias, rinden frutos a mediano y largo plazo, y el país necesita respuestas sin tardanza. En este momento, visto el pronóstico del Banco Central, conviene poner especial interés en acciones capaces de producir los efectos esperados en uno o dos años. Es lo que se entiende por plan de reactivación económica.