El Ministerio de la Presidencia orquestó una fuerte reacción de las instituciones públicas contra recortes presupuestarios de hasta ¢211.000 millones (1,9 % del total) propuestos por la oposición. La noche del domingo, el despacho de Marcelo Prieto pidió a los afectados argumentos para enfrentar las mociones de Liberación Nacional y la Unidad Socialcristiana.
La reacción no tardó. La diputada Laura Guido, encargada de defender el plan de gastos, recibió una avalancha de observaciones y contraargumentos. No menos intenso fue el bombardeo de boletines de prensa a los medios de comunicación. Sin los ¢211.000 millones, el aparato estatal abandonaría, por falta de financiamiento, la prestación de servicios indispensables.
Según la diputada Guido, el ejercicio promovido por el Ministerio de la Presidencia permitió detectar afectaciones “sensibles” en varias instituciones, incluidos gastos en electricidad y agua del Ministerio de Salud en medio de la lucha contra la pandemia. Nadie desea semejante efecto. No obstante, el argumento de la legisladora se volcó de cabeza cuando el ministro de Hacienda, Elian Villegas, alarmado por las gestiones de la oposición, formuló una contrapropuesta de recorte de ¢150.000 millones.
La detección de “afectaciones sensibles” promovida por Zapote pretendía impedir el ahorro, pero la gestión de los diputados obligó a “detectar” la posibilidad de hacerlo, al parecer sin producir las sensibles afectaciones señaladas por la legisladora. Ahora, se impone preguntar por qué Hacienda no incorporó la reducción desde el principio y más bien contempló con pasividad las mociones del Partido Acción Ciudadana para incrementar el gasto en por lo menos ¢60.000 millones provenientes de los superávits de las instituciones públicas.
La contrapropuesta de Hacienda señala falencias técnicas de las mociones presentadas por la oposición y ofrece elevar la reducción del gasto primario a ¢150.000 millones mediante un presupuesto extraordinario que se sumaría, en enero, a los recortes aprobados por el Congreso en la actualidad.
El mensaje llega tarde, bajo presión y evidencia un incomprensible desapego de las advertencias formuladas por el propio gobierno sobre el crecimiento del déficit fiscal y la deuda, proyectada para alcanzar el 80,5 % del producto interno bruto en el 2021. En esas circunstancias, un esfuerzo del Ministerio de la Presidencia para orquestar la búsqueda de oportunidades de ahorro en cada rincón del aparato estatal habría sido mucho mejor recibido.
El sinsabor es grande. El gobierno recluta a las instituciones estatales para ejercer la defensa de un presupuesto del cual es posible recortar, por su propia admisión, cuando menos ¢150.000 millones. Su bancada en el Congreso más bien pretende gastar ¢60.000 millones más. Mientras tanto, la deuda crece, amenazante. El año entrante financiará el 55 % del presupuesto y su servicio reducirá todavía más los recursos disponibles para la operación del Estado. El gobierno lo sabe. Por eso, el esfuerzo por justificar el gasto hace sospechar un deseo de llegar al 2022 y pasar la brasa candente a una nueva administración.
Ojalá la sospecha carezca de fundamento, pero el incidente intensifica las dudas sobre la voluntad de la administración de agregar nuevos ingresos a la estabilización del fisco en lugar de alimentar sus deficiencias y excesos. Esa incertidumbre es grave en las actuales circunstancias,
Por ahora, la oposición no solo indujo a Hacienda a identificar la posibilidad de ahorrar ¢150.000 millones, también abrió una ventana al futuro no muy lejano cuando la afectación de servicios esenciales no dependerá de la voluntad del Congreso o el Ejecutivo, sino de la inconmovible realidad fiscal y económica. Debemos actuar rápido para no llegar a ese punto.