3 agosto

Envuelto en un enorme escándalo por la filtración de mensajes personales indignos de su investidura, debilitado por denuncias de corrupción contra funcionarios, presionado por crecientes protestas populares y confrontado con la renuncia de miembros de su gabinete y la inminencia de su destitución por el Congreso, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció la semana pasada que dejaba su cargo el viernes 2 de agosto. Fue una decisión acertada; también, inevitable.

La interrogante, ahora, no es cómo será el proceso de sucesión, claramente definido por el marco institucional de la isla, territorio autónomo y con gobierno representativo, tutelado por Estados Unidos bajo el esquema de Estado libre asociado. Además de la estabilidad política que confiere este vínculo, el Partido Nuevo Progresista (PNP), de Rosselló, domina el Congreso, lo cual facilitará la necesaria ratificación legislativa del sucesor. La gran duda, entonces, es otra: en qué punto el nuevo gobernador, Pedro Pierluisi, aplacará el descontento de amplios sectores de la población, eliminará los focos de corrupción oficiales, terminará de poner en orden las deterioradas finanzas públicas y hará más dinámico el proceso de recuperación económica en marcha, luego de los enormes estragos causados en setiembre del 2017 por el huracán María, el fenómeno natural más devastador que ha azotado a Puerto Rico.

Como trasfondo de lo anterior, debe tomarse en cuenta la aguda división política de la isla. La competencia entre sus dos grandes partidos, el PNP y el Partido Popular (PP), que se han alternado en el poder, a los que se añade el minoritario Partido Independentista (PI), no solo se produce alrededor de cómo gobernar y con quiénes; sus diferencias son mucho más profundas, casi existenciales, porque cada uno de ellos encarna un modelo distinto en la vinculación con Estados Unidos: el PNP promueve convertirse en el estado 51 de la Unión; el PP defiende la situación actual, con mayores márgenes de autonomía; y el PI pugna por la independencia. Esto hace mucho más difícil la cooperación entre las tres agrupaciones, algo particularmente necesario en las circunstancias de la isla.

La crisis actual se originó hace muy pocas semanas, cuando la organización Centro para el Periodismo Investigativo hizo públicas las transcripciones de un voluminoso conjunto de mensajes intercambiados por Rosselló y varios de sus colaboradores. En ellos se revelan frases ofensivas y humillantes para varias personas (incluidos artistas idolatrados, como Ricky Martin), políticos opositores, grupos feministas y promotores de derechos sexuales, así como mofas por los cientos de cadáveres acumulados en las morgues tras el huracán. El justificado enojo fue potenciado por las frustraciones y reclamos acumulados por los malos manejos de la reconstrucción tras María, la corrupción en ese y otros ámbitos, los problemas económicos, las secuelas de desempleo y el evidente interés del PP y los independentistas en crispar aún más el ambiente político y social. Fue la combinación de todo esto lo que tornó la renuncia en inevitable.

El sucesor de Rosselló, aunque tenga clara legitimidad institucional, carecerá del peso y autoridad conferidos por las elecciones. Por esto, será un gobernador débil y, salvo que mediante un excelente manejo torne esa vulnerabilidad en fortaleza para impulsar acuerdos y decisiones, tendrá un limitado margen de maniobra para lidiar con los retos más sustantivos, tanto políticos como económicos y sociales.

Las próximas elecciones generales serán en noviembre del 2020 (el mismo día que en Estados Unidos). Ante ellas, los dos grandes partidos tienen la enorme responsabilidad de presentar candidatos sólidos, sin tacha y con claridad de miras. No se trata solo de que Puerto Rico lo necesite, sino de que será la mejor vía para evitar que, producto del complejo entorno, emerja una fuerza con matices populistas y genere más inestabilidad. Esperamos que no fallen.