4 febrero

La creación, por parte de la Unión Europea (UE), de un “grupo de contacto” con ocho países de su seno y cuatro de América Latina, destinado a “construir confianza y crear las condiciones necesarias para un proceso creíble en línea con la Constitución de Venezuela”, se ve como una iniciativa imprecisa y extremadamente abierta en su naturaleza. Más que un plan robusto para impulsar, con una hoja de ruta clara, el retorno pronto y pacífico de la democracia, parece una salida diplomática deliberadamente ambigua para presentar una imagen unida en torno a la crisis, cuando, en realidad, existen evidentes diferencias en el seno de la UE sobre los aspectos medulares de esta.

Nuestra Cancillería no debe cejar en la búsqueda de opciones pacíficas y civilizadas a la crisis venezolana

Por lo anterior, la decisión hay que abordarla con prudencia y un claro sentido de los posibles riesgos asociados a ella. Esta actitud toca directamente a Costa Rica, que aceptó la invitación para incorporarse al grupo, del cual también forman parte, por América Latina, Bolivia (aliada del régimen), Uruguay (que aún reconoce a Nicolás Maduro como presidente) y Ecuador.

Nuestra Cancillería no debe cejar en la búsqueda de opciones pacíficas y civilizadas a la crisis venezolana. Sin embargo, debe mantenerse firme en su apoyo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, e insistir en que toda opción electoral pase, como condición previa, por la salida del poder del dictador Maduro. A esto debe sumarse una permanente coordinación de iniciativas con el Grupo de Lima, del que formamos parte. Sus integrantes han mantenido el abordaje más lúcido y democrático frente a la crisis, y fueron los primeros en desconocer la legitimidad de Maduro y, junto con Estados Unidos, en reconocer la de Guaidó. Es a este grupo al que debemos la mayor lealtad.

La decisión de emprender el esfuerzo de “contacto” emergió de una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE celebrada el jueves en Bucarest. Entre sus 28 miembros, Alemania, España, Francia y el Reino Unido estuvieron a la cabeza de los países apegados al ultimátum dado a Maduro para convocar elecciones, cuyo plazo venció este lunes. Como esa convocatoria no se produjo, esos cuatro países, más otros de la Unión Europea –entre ellos Suecia, Austria, Portugal, Letonia, los Países Bajos y Dinamarca–, así como Australia, Israel y Ecuador reconocieron a Guaidó como presidente legítimo e interino, como establece la Constitución de Venezuela. El mismo jueves, además, el Parlamento Europeo, por una mayoría de casi tres a uno, otorgó su reconocimiento a Guaidó. Es decir, la corriente central en Europa está a su favor. Pero Italia y Grecia, al igual que otros países, rechazan esa opción, y algunos más no la descartan, pero la consideran prematura.

Por algo la representante de política exterior de la UE, Federica Mogherini, al anunciar la creación del grupo de apoyo, declaró que la decisión sobre el reconocimiento es del resorte de cada país miembro, no de la organización. Dijo, además, que con la iniciativa no se trata de “abrir un proceso formal de mediación o diálogo, sino de apoyar una dinámica política, que el grupo puede acompañar y consolidar”, e insistió en que su mandato “será terminado si no hay progresos” tras 90 días, como forma de evitar que sea utilizado para “comprar tiempo”.

Esta última frase, en apariencia tranquilizadora, en realidad no lo es, por dos razones esenciales. La primera es que, en las circunstancias actuales de Venezuela, tres meses constituyen un lapso exagerado, porque la coyuntura actual no podrá sostenerse por mucho más; la segunda, que la definición de “progreso” resulta en extremo laxa y los países cercanos a Maduro podrían intentar utilizarla para, precisamente, comprar tiempo a su favor.

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Lo ideal sería que este “grupo de contacto” se constituya en fuente de apoyo a la iniciativa de elecciones generales que están en la base del mandato interino de Guaidó, abra vías para facilitar su puesta en marcha y persuada a sectores aún afines a Maduro de respaldar esta vía. Incluir métodos y objetivos que legitimen al dictador sería catastrófico. Partimos de que esto lo entienden muchos países integrados a la iniciativa, entre ellos, el nuestro. Pero, además de entenderlo, hay que actuar en consecuencia y rechazar todo intento para debilitar el ímpetu democrático del pueblo venezolano y el creciente respaldo internacional a sus aspiraciones.