EscucharEl costo financiero de la pandemia de la covid-19 es elevadísimo. Muchas empresas se han visto obligadas a reducir y hasta suspender sus actividades. La paralización se traduce en un aumento del desempleo y la pobreza. Las autoridades confían en reactivar, con cautela, las diversas actividades económicas, aunque las dificultades en las fronteras, en particular la del norte, y el deterioro de las economías de nuestros principales socios comerciales, como Estados Unidos y la Unión Europea, podrían tener consecuencias duraderas.
Para apoyar el esfuerzo de reactivación económica, el sector financiero —intermediarios, Banco Central de Costa Rica y Superintendencia General de Entidades Financieras— endosa la adopción de diversas medidas, como la reestructuración de créditos y el relajamiento de reglas concebidas para períodos de actividad normal, pero un tanto limitantes en la actualidad.
A manera de ejemplo, en períodos normales, una reestructuración de crédito exige esperar un determinado tiempo para verificar el efecto deseado y, en el ínterin, el crédito se mantiene en la calificación anterior. Además, a los inmuebles tomados en propiedad por un banco se les reconoce un plazo hasta de dos años para ser vendidos, so pena de dejar de considerar su efecto mitigador en el cálculo de la provisión por créditos malos. Estas normas pueden readecuarse para ajustarlas a las circunstancias de períodos como el actual.
Si los clientes de un banco o financiera caen en mora, o si se autoriza a un grupo grande de deudores posponer sus pagos de principal e intereses, la liquidez de las instituciones resultará afectada, pues recursos que normalmente ingresaban dejan de hacerlo. Para eso, existen mecanismos de protección, como la figura del “prestamista de última instancia”. Actuando en esa condición, el Banco Central descuenta a los entes financieros documentos de crédito y les cobra una tasa de interés penalizada. Este instrumento está llamado a desempeñar un papel estratégico en la actualidad, pues los intermediarios necesitan otra fuente de recursos para prestar a empresas que lo requieran para su recuperación. Debería considerarse, entonces, la posibilidad de un redescuento a tasas de interés no penalizadas.
También podría exigirse a los intermediarios capitalizar sus utilidades, por pequeñas que fueran, y no distribuir dividendos hasta nuevo aviso. Eso mejoraría su suficiencia patrimonial. Para atender las necesidades de liquidez, los bancos y financieras podrían ofrecer un estímulo a los deudores con capacidad de pagar puntualmente sus obligaciones, como una reducción temporal de las tasas de interés sobre los préstamos. Eso implica un pequeño sacrificio en rentabilidad, pero sirve para reforzar la liquidez y la estabilidad financiera de los intermediarios.
Cuando no existían los bancos centrales y no había prestamista de última instancia, quienes captaban ahorro del público se reservaban, en los contratos, la posibilidad de devolver los depósitos cierto tiempo después del vencimiento pactado, reconociendo a los ahorrantes un tasa de interés superior durante ese período. La tasa más alta era para garantizar la aplicación de la medida solo cuando fuera estrictamente necesaria para resguardar la liquidez y solvencia.
El Banco Central analiza la posibilidad de establecer líneas de crédito a intermediarios financieros para permitirles conceder préstamos a pequeñas y medianas empresas en general y a las que trabajan en el sector turístico en particular con el fin de ayudarlas a reanudar actividades cuando la situación sanitaria lo permita. Una medida de este tipo es una inusual expansión monetaria y debe ser analizada con cuidado, pues podría ser inflacionaria. Antes de llegar a eso, el sistema financiero debe considerar otras posibilidades, como las señaladas a manera de ejemplo. Una situación extraordinaria requiere de medidas extraordinarias, sí, pero en el marco de la prudencia para evitar males mayores en el futuro.
