26 mayo, 2019

Gran cantidad de ciudadanos centroamericanos, en particular de lo que se conoce como el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador), se han visto obligados a migrar en busca de mejores opciones de vida. El país meta no es Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, ni ninguno de los practicantes del “socialismo del siglo XXI”, el cual constituye un monumento al fracaso, sino los Estados Unidos de América. Familias enteras, y hasta niños solos, emprenden viajes en condiciones deplorables hasta esa nación de Norteamérica.

La administración de Donald Trump se muestra hostil frente a todo tipo de migración, incluida la legal, lo cual agrega mayores sufrimientos a quienes la emprenden, muchas veces integrados a nutridas caravanas. Los viajeros procuran asilo relatando la inseguridad en sus países. También los mueve la falta de oportunidades laborales, muchas de las cuales tienen su origen en las malas políticas de gobernantes ineficaces y corruptos, en no pocas ocasiones movidos por el interés propio, el de sus familiares y el de amigos cercanos. La corrupción y la ineficacia política en los países del Triángulo Norte alejan la sana inversión extranjera, necesitada de claros y predecibles horizontes a mediano y corto plazo para operar a cabalidad.

Si bien muchos males enfrentados por los países centroamericanos son de origen externo, y en algunos casos responden a fuerzas de la naturaleza, como los desastres naturales, otros son de creación interna. Mientras esas deficiencias no se corrijan, difícilmente, los inversionistas —extranjeros y nacionales— empeñarán los recursos financieros requeridos para acabar con el flagelo de la inflación, el desempleo, la baja productividad y la pobreza.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), por medio de su secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, acaba de hacer una propuesta para enfrentar la crisis económica y humanitaria de los países del Triángulo Norte, incluido un programa de inversiones financiado fundamentalmente por los Estados Unidos y, quizá, parcialmente, por México y algunas organizaciones internacionales. La iniciativa comprende acciones en pro del bienestar social, la seguridad pública y la lucha contra la corrupción en los países meta (“Cepal propone plan para frenar migración en el Istmo”, La Nación, 21/5/2019). La primera parte de la receta consiste en ayuda externa. La segunda exige una aceptación de culpa y propósito de enmienda, sin lo cual la primera no puede ser eficaz.

Los países del Triángulo Norte de Centroamérica tienen características naturales —puntos fronterizos, carreteras, puertos y aeropuertos que pueden ser utilizados con éxito por los tres— que bien explotadas crearían grandes oportunidades productivas. Las inversiones en proyectos de infraestructura física ayudarían a generar posibilidades laborales mientras están en la etapa constructiva y, más aún, cuando logren remover muchos de los cuellos de botella existentes en la zona.

Pero los elevados niveles de endeudamiento de esos países impiden asumir más deuda. Es necesario que la inversión sea emprendida por la iniciativa privada, mediante figuras como la concesión de obra pública, que no requiere apoyo de los presupuestos públicos, y si lo llega a necesitar es mínimo. Para que el sector privado invierta en obras con períodos de recuperación de 20, 25 y más años, se necesita alta seguridad jurídica y poca corrupción, factores que, desafortunadamente, no abundan en los países del Triángulo Norte.

Por algún lado hay que comenzar, pues de otra manera Centroamérica muy pronto perderá buena parte de sus habitantes. La propuesta de la Cepal, similar a otra planteada hace años, podría constituirse en ese comienzo con un grado de elaboración y concreción mayores. Por el bien de nuestros vecinos, ojalá en este campo se pase de los planes a los hechos.