“Recaudaremos mejor los impuestos existentes, haremos un uso eficiente de los recursos de la Hacienda pública para lograr los objetivos del país, seremos austeros, iniciando por este mismo acto, y mantendremos una firme disciplina fiscal”. A la frase pronunciada el martes por el presidente, Carlos Alvarado, solo le falta reconocer la necesidad de crear nuevas fuentes de ingreso para constituirse en una estupenda enunciación de las necesidades fiscales más urgentes.
Las nuevas fuentes de ingresos, ausentes de la frase citada, tuvieron un lugar destacado en el resto del discurso. El presidente advirtió sobre el agotamiento del tiempo necesario para evitar un descalabro económico y pidió a los diputados tramitar el plan fiscal sometido a discusión en las postrimerías de la pasada legislatura.
Hay en el país consciencia de la necesidad de generar nuevos ingresos y de la injusta exoneración del sector más dinámico de la economía, los servicios. El país modernizó su producción y pasó de ser una economía esencialmente agrícola a otra basada, en un alto porcentaje, en los servicios, cuyo aporte se dirige, a pasos agigantados, al 50 % del PIB. Sin embargo, insistimos en depositar la carga del impuesto de ventas sobre los bienes.
Por otra parte, la facilidad de cobrar renta sobre los salarios somete a quienes están en planilla a una presión tributaria inexistente para los profesionales liberales. El sentido de justicia se suma a las razones fiscales para ampliar la base hasta alcanzar a sectores cuya contribución se echa de menos en las arcas del Estado.
Tampoco es polémica la idea de combatir la evasión. La prueba está en la aprobación de las reformas impulsadas a lo largo de la legislatura pasada para incrementar los medios de fiscalización. La recaudación ha mejorado y el nuevo gobierno dará al país una buena noticia si logra elevarla todavía más mediante la disminución de la evasión.
Pero la innovación en el discurso es la referencia a la austeridad, la eficiencia y la disciplina fiscal. Sobre eso no hemos escuchado lo suficiente. El presidente Alvarado pidió al Congreso aprobar la regla fiscal para procurar equilibrio entre los ingresos y el gasto. Sin embargo, la norma valdrá tanto como la voluntad de aplicarla. Ya existen previsiones contra el financiamiento de los gastos corrientes con endeudamiento, pero los gobiernos no las respetan y ningún tribunal se los exige.
En esta materia mandan el gasto presupuestado y los compromisos fijados por ley para los ingresos del Estado, no los ingresos mismos. Por eso lamentamos en nuestro editorial de ayer la alianza entre el Partido Liberación Nacional y el Frente Amplio, a finales de la legislatura pasada, para descarrillar la porción del plan fiscal encaminada a flexibilizar la ejecución presupuestaria.
Ojalá el Congreso restablezca la medida aprovechando la nueva discusión del proyecto de ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La reforma pondría a prueba la voluntad de la nueva administración, despejando el camino para recortar el gasto ineficiente, el dispendioso y el superfluo. Con esa herramienta en manos del Ejecutivo, la regla fiscal cobraría mayor sentido.
En todo caso, sabemos cómo se piensa arreglar las escasez de ingresos y ha habido avances en la lucha contra la evasión. Falta conocer mejor la propuesta de eficiencia, austeridad y disciplina. El presidente habló de reformas en el Servicio Civil y el empleo público, pero las propuestas son mucho menos específicas. Es importante precisarlas para cimentar la confianza.