Editorial: Prohibida la regla fiscal

Es difícil creerlo, pero la objeción es una de tantas formuladas por los magistrados en un irregular informe, extemporáneo y referido a un proyecto de ley ya desechado, que remitieron al Congreso para dejar constancia de su oposición a los efectos de iniciativas similares sobre las remuneraciones y beneficios de los empleados judiciales.

Según el magistrado autor del informe acogido por sus colegas, con excepción de los integrantes de la Sala Constitucional, quienes se abstuvieron porque el asunto podría llegar a su conocimiento, “se hizo el ejercicio de aplicar la regla fiscal en el presupuesto del Poder Judicial de este año, a fin de ejemplificar y mostrar el impacto que habría tenido en la Institución, en el caso hipotético de estar vigente”. La conclusión, nada sorprendente, es que en las circunstancias fiscales del país les pudo haber tocado menos.

No hay certeza de que así habría sido, pero la sola posibilidad basta para oponerse. “Si bien no es posible determinar certeramente la eventual repercusión que tendría en caso de que fuese aprobada, dado que esta se comporta en función de las variables macroeconómicas citadas y depende de lo que ocurra año tras año, al menos con el ejercicio realizado es posible hacer proyecciones de lo que podría suceder en futuros presupuestos y, en este tanto, observar la incidencia sobre el funcionamiento de la Institución”, dice el magistrado informante.

Costa Rica debe, entonces, renunciar a limitar los gastos corrientes en función del endeudamiento porque eso podría afectar el dinero destinado al Poder Judicial. Esos recursos no deben verse afectados por las variables macroeconómicas ni “depender de lo que ocurra año tras año”. Al parecer, esas variables y acontecimientos son problema de Costa Rica y sus habitantes, sobre todo, de los menos favorecidos, no del Poder Judicial.

La Corte Plena pretende dictar política fiscal sin ser esa su función ni haber sido elegida para ejercerla. La dicta con vista en sus intereses inmediatos, no en la suerte del país como un todo. Si el Congreso aprueba una regla fiscal, mejor que lo haga con una mayoría de 38 votos porque, si no, la Corte Plena impedirá su entrada en vigor.

Estamos obligados a gastar y endeudarnos para que el presupuesto de la Corte crezca. El 41,6 % del presupuesto nacional se destinará el año entrante a pagar amortizaciones e intereses de la deuda. El país no tiene cómo hacer frente a esas erogaciones sin restringir otros gastos y endeudarse todavía más. Apenas el 4,6 % del gasto total se invertirá en infraestructura, por ejemplo. Aun así, un 53 % del plan de gastos se financiará con más deuda. Eso, al parecer, tiene sin cuidado a la Corte Plena.

La deuda creciente estrujará cada vez más la inversión en otros rubros. Casi, seguramente, los primeros en pagar la cuenta serán los más necesitados. Ellos no tienen la organización o el poder para oponerse a la disciplina fiscal y exigir la satisfacción de sus pretensiones hasta el último minuto. Si por la víspera se saca el día, los magistrados contemplarán impávidos mientras no se les toque el presupuesto.

Pero la Corte Suprema de Justicia, aunque lo pretenda, no puede abstraerse de la realidad fiscal y económica. Ninguna norma constitucional suspenderá los efectos de la inflación una vez desatada y el Poder Judicial la sufrirá, no tanto como los más pobres, pero sí lo suficiente para lamentar la falta de seriedad con que se trata el problema en la actualidad.

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Si el razonamiento contenido en el anómalo informe de la Corte Plena echa raíces, la regla fiscal no será el único elemento de política económica sobre el cual habrá que consultar a los magistrados para saber si, según su criterio, afecta o podría afectar “la organización y funcionamiento” del Poder Judicial. Como Ícaro, los altos jueces están volando muy cerca del Sol. A diferencia del personaje mitológico, su caída podría ser la de todos.