11 septiembre

En las democracias representativas, como la costarricense, los representados son todos los habitantes del país y hay dos tipos de representantes: los políticos electos para ocupar cargos en los supremos poderes y los servidores públicos nombrados por largos períodos. Los representantes deberían procurar la mejor forma de satisfacer los intereses de los representados, pero ese no es siempre el caso, pues los políticos electos y los burócratas designados tienen sus propios intereses, muchas veces en conflicto con los de los demás ciudadanos.

El estudio de las propuestas fiscales para reducir el altísimo déficit del sector público contribuye a dibujar la naturaleza de muchas de esas diferencias. Los líderes sindicales organizan bloqueos de calles y servicios públicos, en contra del mejor interés de los representados, para defender una serie de costosos privilegios que, con el paso del tiempo, han venido obteniendo.

En muchos casos, se trata de una silenciosa explotación del interés general por un minúsculo, pero sonoro grupo de servidores públicos y puede corregirse con reformas legales aplicables de inmediato

Veamos la evidencia. Según informamos recientemente (“Mitad de pensionados de lujo son de “U” públicas”, La Nación, 10/9/2018), unas 3.800 personas gozan de jubilaciones superiores a los ¢2,5 millones por mes con cargo al presupuesto nacional. El monto bruto de muchas pensiones ronda los ¢12 millones y, aún con rebajas, las sumas son elevadísimas, incompatibles con las posibilidades de financiamiento de un país de ingreso medio como Costa Rica. Esos montos (que en el decimotercer mes son cobrados libres de rebajas) superan en mucho las pensiones máximas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.

Muchos salarios de las universidades públicas no son tan elevados y las altas pensiones demuestran que, de alguna manera, se está en presencia de un riesgo moral consistente en la colaboración de los propios centros de estudio para elevar la paga mediante recargo de funciones, nombramientos por más de tiempo completo, etc., en los meses inmediatamente anteriores al retiro. Para controlar en algo el citado riesgo moral, el costo de las pensiones de los exservidores de las universidades públicas debería contabilizarse como parte del Fondo Especial de Educación Superior (FEES).

Nuestro sector público está conformado por unas 330 entidades y muchas de ellas negocian, de tiempo en tiempo, convenciones colectivas con manojos de beneficios, como el pago semanal en vez de mensual (con lo cual, cada año, los empleados ganan un decimocuarto mes), reconocimiento del cien por ciento de las incapacidades (que pasa a engrosar los costos de los salarios y todo lo que de ellos dependa, como las pensiones), 20 años de cesantía, vacaciones hasta por 30 días hábiles (unos 45 días calendario) al año, anualidades, ayuda económica para compra de útiles y salario escolar, entre otros. La lista es grande.

De lo negociado en esas convenciones difícilmente se enteran los representados, es decir, los ciudadanos que con impuestos deben pagar la cuenta. Y una vez concedido un beneficio, existe la tentación de considerarlo un “derecho adquirido”, irreversible y, a lo sumo, con posibilidad de enmiendas aplicables solamente a las nuevas contrataciones. Falso. Con semejante filosofía no lograremos controlar el gasto público indebido.

En muchos casos, se trata de una silenciosa explotación del interés general por un minúsculo, pero sonoro grupo de servidores públicos y puede corregirse con reformas legales aplicables de inmediato. En sentido estricto, los derechos adquiridos son los que pasaron a formar parte del patrimonio de sus receptores, pero no los beneficios futuros. Estos últimos son meras expectativas de derecho y pueden modificarse. Si por convención colectiva un empleado acumula un derecho a 15 o 16 años de cesantía (lo cual supera lo dispuesto por el Código de Trabajo), el conteo debe parar en el momento de la reforma.

Urge reducir a un número manejable y controlable la cantidad de dependencias públicas y es necesario adoptar un sistema de supervisión de ejecutoria y de información ciudadana automatizado que permita a los pagadores de impuestos, los representados, conocer en cada momento cuáles son los bienes o servicios ofrecidos por los entes públicos y los costos en que se incurre para proporcionarlos. Si no se procede de esta forma, el interés de los servidores públicos continuará imponiéndose sobre el de los representados.