Editorial: Privilegios eternos en la UNA

La convención colectiva no puede ser denunciada unilateralmente. En otras palabras: a la administración solo le es posible replantear los abusos con consentimiento del sindicato. El rector, Alberto Salom, califica la norma de ‘barbaridad’ e intenta, mediante una gestión elevada a la Sala IV, conseguir una declaratoria de inconstitucionalidad.

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En la Universidad Nacional los funcionarios con más de un año de laborar tienen derecho a 22 días de vacaciones. El beneficio para los recién llegados crece hasta alcanzar 34 días cuando la antigüedad es mayor de 21 años. Las vacaciones se acumulan y el mismo rector dice estar obligado a tramitar las suyas sin dejar de ir a trabajar porque no existe otra forma de gastarlas.

Esos mismos funcionarios obtienen anualidades del 4 % sin tope ni evaluación de desempeño. No es de extrañar que el 85 % del presupuesto se destine al pago de salarios, y a ese paso existe el temor de llegar al 2028 sin recursos para ningún otro rubro, lo cual constituye un verdadero absurdo. La universidad tendrá bien pagados conserjes, pero no detergente; conductores, pero no gasolina.

Las ventajas incorporadas a la convención colectiva son demasiado buenas para no asegurarlas por toda la eternidad o, cuando menos, mientras el país aguante. Por eso, la cláusula 185 compromete a las partes a no denunciar el instrumento unilateralmente. En otras palabras: la administración no puede replantear los abusos sin consentimiento del sindicato.

En esta situación, al país solo le queda contemplar cómo un sistema devorador de fondos públicos consume presupuestos destinados a la educación superior, confiado en la inmutabilidad de las condiciones acordadas con administradores anteriores, cuya falta de responsabilidad salta a la vista.

El rector, Alberto Salom, califica el artículo de “barbaridad” e intenta, mediante una gestión elevada a la Sala IV, conseguir una declaratoria de inconstitucionalidad. Si no lo logra, la institución habrá perdido la oportunidad de contar con medios para adaptarse a realidades presupuestarias que debieron ser previstas antes de conceder los costosos privilegios y, sobre todo, antes de pretender eternizarlos.

También los estudiantes advierten el peligro y respaldan la gestión del rector ante la Sala Constitucional. La federación estudiantil defiende el presupuesto universitario, pero exige gastarlo mejor. Pidió revisar las anualidades y demanda una mejor rendición de cuentas. Para ellos, es necesario garantizar la sostenibilidad financiera con el fin de mantener la calidad de la educación y de los servicios estudiantiles.

Mantener el presupuesto es, sin duda, imposible si la administración se ve obligada a cruzarse de brazos mientras las finanzas continúan deteriorándose. En palabras de Salom, “la administración puede quedar amarrada de pies y manos”. La Sala IV acaba de admitir para estudio el recurso del rector. Muchos meses podrían pasar antes de la resolución. Mientras tanto, la salud financiera se agrava.

Los alumnos también piden centrar la gestión universitaria en el estudiantado. Noel Cruz, presidente de la Feuna, considera inadmisible que el 85 % del presupuesto se gaste en salarios y solo el 6,7 % se invierta en becas. El dato es representativo de lo sucedido en muchas instituciones públicas, cuyos funcionarios extraen tantas ventajas como para disputar el papel de fin primordial de la entidad.

Como presidente de la federación de estudiantes, Cruz solicita a las autoridades universitarias renegociar la convención colectiva y destinar recursos “prioritariamente” al fortalecimiento de las becas. “La preocupación es que en el 2028 el 100 % del FEES se va a invertir en salarios (según el Estudio Técnico de Sostenibilidad de la Universidad Nacional). Lo estratégico es invertir en los estudiantes porque permite la movilidad social”, dice el dirigente estudiantil con impecable lógica.