Editorial: Privilegios en Recope

“No es momento para una política de choque”, dice Muñoz para justificar su decisión de dejar las cosas como están. Quedamos notificados: cualquier reducción de los privilegios concedidos a los funcionarios de Recope es una política de choque y pese a la grave crisis fiscal, descrita en términos alarmantes por el propio gobierno, no es el momento adecuado para recortar gastos y ordenar nuestro caótico sistema de compensaciones.

Rogamos al presidente ejecutivo aclarar cuál es el momento adecuado para limitar los privilegios exorbitantes de los empleados de la institución. Quizá acceda a trascender sus responsabilidades inmediatas para recomendar un golpe de timón a la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien más bien vaticina un “choque” si las autoridades no actúan con urgencia sobre el gasto público.

Si el funcionario respalda las gestiones de Aguilar, debe explicarnos, en nombre de la más elemental coherencia, por qué el momento es propicio en el resto de la Administración Pública, pero no en Recope. Para no separarse demasiado del gobierno, Muñoz anuncia la decisión de esperar sus lineamientos, pero el Ejecutivo ha hablado con claridad sobre la necesidad de denunciar y renegociar las convenciones colectivas. También ha expresado la intención de poner freno a los excesos.

No obstante, para el presidente ejecutivo, el tema “no es una prioridad”. ¿Cómo conciliar esa particular preferencia con la prioridad concedida por el gobierno a los ajustes en las finanzas públicas? Todas y cada una de las medidas anunciadas hasta la fecha, sea por el lado de los ingresos o por el de los gastos, pueden ser descritas como de “choque”, dependiendo del ánimo de quien las califique. Todas, en conjunto, ciertamente podrían definirse así, si hacemos a un lado la responsable ponderación de las consecuencias de declarar que no es el momento para corregir los abusos.

Muñoz señala recientes reducciones en algunos rubros de la convención colectiva que suscitaban oposición de la opinión pública. A contrario sensu, la opinión pública está o debe estar de acuerdo con las cláusulas restantes. El presidente ejecutivo no cita el fundamento de su confianza en la satisfacción de la ciudadanía con la repartición de beneficios valorados en ¢24.846 millones entre 1.740 empleados. Esos beneficios, desde luego, rebasan en mucho las ventajas laborales de la inmensa mayoría de los costarricenses, a cuya costa se sirven con cuchara grande las instituciones autónomas.

Acto seguido, Muñoz invoca el carácter estratégico de Recope, cuyas operaciones de refinamiento cesaron hace tiempo. La institución “le da al país el 66 % de la energía necesaria para la producción”. Además, es la única capaz de desarrollar combustibles alternativos en el país. Todas esas afirmaciones son cuestionables. Si Recope suple el 66 % de la energía es porque goza de un monopolio, su carácter “estratégico” es materia de debate y si tiene vocación de desarrollar combustibles alternativos, habrá que esperar para saberlo.

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Pero aun si admitiéramos la importancia y necesidad del monopolio estatal de los hidrocarburos, haría falta un extraordinario salto de la lógica para justificar, sobre esa base, los exorbitantes privilegios de los funcionarios de la refinadora que no refina. Consideremos, por ejemplo, las condiciones laborales de la Fuerza Pública, una institución indiscutiblemente estratégica e indispensable.

Los privilegios acumulados en Recope y otras instituciones autónomas a lo largo de los años, y los ríos de recursos públicos invertidos en mantener esos beneficios, no habrían sido posibles sin la participación obsecuente de los jerarcas. Es el momento propicio –nunca hubo uno mejor– para exigirles, más bien, la defensa del interés público.