El primero de mayo del 2011 los partidos de oposición se unieron en la Asamblea Legislativa para repartirse los puestos del Directorio e intensificar el obstruccionismo frente al gobierno de Laura Chinchilla. La llamada “Alianza por Costa Rica” no tuvo otra finalidad, y los hechos pronto lo comprobaron. Hoy la conjunción de fuerzas opositoras promete resultados más constructivos.
La más notable diferencia con el antecedente del 2011 está en la conformación del Congreso. En aquel entonces, el Partido Liberación Nacional contaba con 24 diputados y dos aliados de las agrupaciones religiosas. La Alianza por Costa Rica se impuso con 31 votos de los 5 partidos coaligados. En este momento, la Asamblea está conformada por 6 partidos y la fracción más numerosa apenas tiene 19 diputados; sin embargo, basta el acuerdo de 4 bancadas opositoras para conformar la apabullante mayoría de 41 votos.
En esas circunstancias, es impensable la elección de un Directorio legislativo oficialista o, siquiera, constituido a partir de una negociación en la cual el oficialismo, cuya bancada se limita a 10 legisladores, fuera locomotora y no vagón de cola. No hubo, en esta oportunidad, una cuidadosa y compleja negociación para fraguar la alianza. Bastó el acuerdo sobre los temas de mayor importancia y las piezas cayeron en su lugar.
Anunciado el acuerdo, al gobierno solo le quedó la posibilidad de sumarse e insistir, a última hora, en la incorporación de una de sus diputadas al Directorio. En esto hay una segunda y reveladora diferencia con lo sucedido en el 2011: ¡Los oficialistas se unieron a la alianza creada por la oposición!
Ese gesto y la incorporación de la diputada oficialista al Directorio son muestra de flexibilidad y voluntad de forjar acuerdos en ambos bandos. Ese, precisamente, fue el énfasis del discurso del nuevo presidente legislativo, Rodrigo Arias, cuya experiencia y serenidad abonan la esperanza de ver plasmadas en la práctica las expectativas creadas por el armonioso comienzo de labores.
El presidente del Congreso tiene la delicada tarea de mantener la unión por encima de las diferencias entre los partidos coaligados, sobre todo, si hay disposición a encarar los complejos asuntos de la consolidación fiscal y la reforma del Estado. El equilibrio exigirá gran capacidad de negociación y habilidad para asumir los desacuerdos sin minar la determinación de alcanzar objetivos comunes.
Mucho dependerá del Poder Ejecutivo, que el primero de mayo dio muestras de comprender las limitaciones impuestas por la realidad política. El electorado solo le concedió 10 legisladores y la dinámica de la campaña resultó en un notable distanciamiento de las demás fuerzas políticas. Por eso, a los partidos de oposición les resultó fácil ponerse de acuerdo entre sí, sin participar al oficialismo.
Tampoco goza el gobierno de una base política, dado el fraccionamiento del electorado en los comicios y la novedad del Partido Progreso Social Democrático. Por otra parte, la idea de gobernar por decreto o mediante referendo es impracticable, como siempre se supo, y murió con la campaña electoral.
Solo el manejo político más refinado permitirá a la Casa Presidencial contribuir a impulsar las reformas necesarias y conducir por lo menos parte de ellas. Solamente la buena voluntad demostrada el domingo impedirá cuatro años de estancamiento. El país no está en condiciones de sufrirlos. Es preciso aprovechar este primer año y ojalá emplearlo para sentar las bases de una renovación de buenas voluntades el primero de mayo entrante.