EscucharHasta la Asamblea Legislativa llegó una propuesta para prejubilar a 277 empleados de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) mayores de 55 años, como parte de una estrategia para reducir la planilla y evitar la quiebra. La empresa es incapaz de operar en números negros, especialmente, después de inaugurado el megapuerto, previsto desde hace mucho tiempo.
El esquema de prejubilación propuesto es muy generoso. Cada beneficiario recibiría el 63 % del promedio de sus doce mejores salarios mensuales de los últimos cinco años laborados en la Administración Pública, los cuales, muy probablemente, correspondan al último año. El trato difiere totalmente del que rige para el esquema de pensiones administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), basado en el 60 % del promedio de los 48 mejores salarios mensuales devengados durante los últimos cinco años y, en otros casos, según la más reciente reforma, tomando como punto de partida los salarios de los últimos veinte años para pagar un beneficio de entre el 50 % y el 60 % del promedio.
Como se nota, la propuesta de Japdeva es un premio del Estado a un grupo selecto de empleados de una empresa pública fallida. Los beneficiarios recibirán pensión anticipada en la forma prevista a partir de los 55 años, más generosa que la del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS. Además, su edad les dará margen para volver a laborar en el sector privado sin renunciar a la pensión. La propuesta tiene un costo aproximado de ¢17.000 millones en los próximos diez años, que saldrían del presupuesto nacional.
A partir del momento en que los prejubilados califiquen para la pensión de la CCSS, pasarán a formar parte de su régimen, lo cual, por suponer una reducción en las pensiones, podría desembocar en demandas y protestas.
En el sector público existe la idea de que no es posible hacer reformas en procura de eficiencia si el cambio lleva consigo una reducción del nivel de empleo, pues cesar a los funcionarios —aunque sea reconociéndoles doce o más meses de cesantía, por encima de lo dispuesto en el Código de Trabajo— constituye una tragedia. El razonamiento no es válido para el sector privado, en el cual la fuerza laboral se ajusta conforme lo requiera el mercado y a los cesados se les reconocen los beneficios estipulados en el Código de Trabajo. En un entorno económico cambiante, negar esa flexibilidad laboral equivale a introducir una enorme dosis de ineficiencia e inequidad en el sistema.
Esta clase de “soluciones”, utilizadas sin considerar los costos fiscales ni la enorme dosis de riesgo moral creado mediante la repartición de premios entre servidores de una entidad pública fallida, mina el estímulo de los trabajadores y directores para operar con eficiencia y, más bien, parece estimularlos a hacer lo posible por quebrar sus empresas.
Este mes se inició la ampliación del impuesto sobre el valor agregado a los servicios, lo cual constituye un aumento en la carga tributaria de los costarricenses. Se dice que el aumento es para reducir el gran déficit fiscal, pero apenas el gobierno cuenta con más recursos, parece perder el estímulo para controlar el gasto y, alegando un afán de mantener “la paz social”, fácilmente cede a las demandas de grupos organizados del sector público, como las universidades estatales, la CCSS y Japdeva, entre otros.
Las autoridades —los jerarcas de los ministerios de Planificación y Política Económica, Economía, Hacienda y, sobre todo, la presidencia de la República— deben mantenerse muy firmes y mandar mensajes claros a los agentes económicos en un momento como el actual, cuando la confianza de empresarios y consumidores está en un nivel muy bajo. En particular, deben ser implacables en el control del gasto y no ser generosos con los grupos de presión.
El entorno macroeconómico no es favorable. Alcanzar las metas de la reforma fiscal que lleven a estabilizar el endeudamiento público (deuda-producto interno bruto) en un 65 % a finales del 2023, como desea el gobierno, no está asegurado. Las calificadoras de riesgo soberano siguen con lupa cuanto se haga en pro del ajuste fiscal y desvíos como el comentado no contribuyen a mejorar la confianza.
