Los preocupantes hechos recientes en instituciones autónomas, en particular en los bancos comerciales del Estado, han llevado a muchos ciudadanos bien intencionados a cuestionar la integración de políticos en las juntas directivas de esas entidades, otros cuerpos colegiados y hasta órganos de supervisión. ¿Deben los políticos participar o sería mejor acabar, de un solo plumazo, con esa posibilidad? La política ha caído en desprestigio en los últimos años, no solo en Costa Rica, sino también en otros países. Sin embargo, la presencia de políticos en las juntas directivas es saludable, mientras observen los lineamientos del buen gobierno corporativo.
Una de las funciones típicas de las juntas directivas es definir el norte de la institución y los medios para alcanzarlo, los cuales no son otra cosa que las políticas de la entidad. Señala la ley orgánica del sistema bancario nacional, como primera función de estos cuerpos colegiados, “dirigir la política financiera y económica del banco”. Las normas de gobierno corporativo de los entes financieros —bancos, puestos de bolsa, administradores de fondos de pensiones, actores en el mercado de seguros— retoman esa definición cuando estipulan que a las juntas directivas corresponde “aprobar las políticas para la gestión de la entidad”.
Las juntas directivas, como órganos de dirección máximos, nombran (responsabilidad in eligendo) a los ocupantes de cargos gerenciales, se aseguran de que actúen conforme con su mandato y también le dan seguimiento al desempeño (responsabilidad in vigilando). Los directores están llamados a delegar “la administración de las tareas operativas, pero no la responsabilidad, y deben rendir cuentas por la gestión de los recursos y por el seguimiento de las acciones”.
En el desempeño de sus labores, los directivos deben dedicar todo el tiempo y energía al análisis de los asuntos que les son propios y abstenerse de participar de la administración, pero sí están en la obligación de cuestionar a los administradores sobre todos los asuntos de interés institucional. Y, por supuesto, deben abstenerse de participar en decisiones cuando medien potenciales conflictos de intereses. Siempre han de actuar de conformidad con un código de ética preestablecido.
Difícilmente pueden cumplir con lo anterior quienes carezcan de entrenamiento, capacidad analítica y habilidad para la abstracción. La definición y seguimiento de políticas exige esas habilidades. Hablamos de política en el sentido más amplio de la palabra, no de la política electoral, partidaria, que siendo indispensable para el funcionamiento de la democracia, no deja de atraer a algunas personas que anteponen el interés personal al de los administrados y, por no conocer a fondo qué se espera de ellos, han lesionado el nombre de los políticos de verdad.
Por las malas actuaciones de algunos, la sociedad ha perdido respeto a la profesión de los políticos. Sin embargo, es necesario volver a confiar en los de verdad y bien harían los partidos con candidatos a cargos de elección popular en redoblar esfuerzos para presentar al electorado nombres de personas capaces y de altos valores, que ayuden a conducir al país por el buen camino. Los partidos deben desempeñar la función de un fino colador, incluso para el posterior nombramiento de los directores en las instituciones autónomas y en la banca, donde con demasiada frecuencia ha imperado el criterio del copartidario, en lugar del político mejor preparado para contribuir al buen manejo de la institución.
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