29 septiembre

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) concedió en el 2013 un crédito al Gobierno de Costa Rica para construir 80 centros educativos y 23 canchas techadas, cuya urgencia está clara dado el mal estado de buena parte de la infraestructura educativa pública. Para la ejecución de las obras, la ley optó por la figura del fideicomiso, empleada cada vez con más frecuencia porque, en teoría, sirve para todo. El fiduciario es el Banco Nacional de Costa Rica y la contrapartida oficial, el Ministerio de Educación Pública, que cuenta con una unidad especializada: la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE).

Lo que parecía un buen proyecto pronto comenzó a mostrar las debilidades propias de otras obras públicas. Primero, el Banco Nacional tardó más de dos años en conformar la unidad ejecutora y ese retraso arriesgaba un aumento en el precio de los trabajos. Por otro lado, según se informó oportunamente, no mediaron estudios comprensivos de la naturaleza y costo de las construcciones. Además, los valores calculados no tenían mayor justificación técnica. Por ejemplo, la inversión en el Colegio de Guararí, en Heredia, fue valorada en $2,6 millones, pero terminó costando $4,7 millones; la del Colegio Occidental, en Cartago, era inicialmente de $3,8 millones y cerró en $5,5 millones. Tremendas pifias, pero no excepcionales en el Estado.

En consecuencia, el fideicomiso de $167,5 millones no alcanzará para financiar las construcciones inicialmente planeadas, sino a lo sumo para la mitad. La inflación acumulada durante los últimos años ha sido baja y no explica la totalidad del aumento en los costos. Reportajes de este medio revelaron otras deficiencias del proyecto, como presupuestos exagerados e irregularidades en la compra de terrenos y en la contratación de ingenieros externos. Eso hace dudar del papel técnico de la DIEE.

En una reciente comparecencia ante los diputados, el exministro de Educación Pública Leonardo Garnier criticó el elevado monto pagado por construcciones llevadas a cabo con fondos del fideicomiso. También se informó de que unos 400 arreglos urgentes en escuelas y colegios quedaron a la deriva porque “el funcionario que conocía los casos se pensionó y no los reportó” a sus superiores, lo cual se asemeja a una tragicomedia.

Estos hechos constituyen un ejemplo más de la desidia predominante en el manejo de buena parte de los recursos públicos, sin jerarcas dedicados a pedir cuentas sobre la ejecución de sus subordinados y sin desvelo por el encarecimiento de las obras en razón de su pasividad. Urge revisar la estructura de gobierno corporativo del sector público costarricense. Demasiados servidores actúan sin guía, sin saber lo que se espera de ellos y ante quiénes deben rendir cuentas de su desempeño.

La figura del fideicomiso y otros esquemas financieros para alcanzar los objetivos de la administración no constituyen garantía de éxito por sí mismos. Son muchos los recursos malogrados por situaciones como la comentada. Los diputados encargados de analizar lo sucedido con el fideicomiso deben estudiarlo con gran cuidado para tomar las medidas correctivas indispensables. No es aceptable tener un sector público capaz de gastar más de lo que recibe en impuestos, pero incapaz de poner cuidado en lo que hace. Mientras esa situación persista, no hay fórmula mágica para desarrollar infraestructura con eficiencia.