Gracias a los avances de la medicina, las prácticas de higiene y el desarrollo económico, la esperanza de vida al nacer ha aumentado de manera significativa en muchos países del mundo, Costa Rica entre ellos. Desafortunadamente, también ha crecido la población adulta mayor en condiciones de pobreza, no solo por falta de empleo, sino por carencia de una pensión adecuada. Muchos adultos mayores no contribuyeron a un régimen de pensiones durante su vida activa y, al llegar a la edad de jubilarse, se encuentran sin los ingresos necesarios para llevar una vida digna.
En el pasado, el seguro de enfermedad y vejez consistió en tener familias grandes. Hijos y nietos se hacían cargo de sus padres y abuelos. Eso ha cambiado. La sociedad no debe ignorar el problema actual y, sobre todo, el futuro. Urge tomar acciones correctivas. Según la Defensoría de los Habitantes, con base en información de tendencias demográficas del Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC), dentro de 11 años habrá unos 725.000 adultos mayores y de ellos más de 230.000 vivirán en pobreza. Ese peligro debe evitarse.
La sociedad costarricense debe organizarse para proveer a todo adulto mayor un ingreso mínimo digno y para hacerlo el Estado debe revisar la asignación del gasto público y dedicar lo necesario para fortalecer las pensiones no contributivas. Los montos individuales de recursos a trasladar a los necesitados son relativamente bajos, pero prometen gran beneficio socioeconómico. En la actualidad, el subsidio mensual para los ancianos de escasos recursos es de ¢82.000. Esa suma podría elevarse un tanto sin impactar significativamente las finanzas públicas.
La población carente de empleo y de otro tipo de ingresos durante sus años otoñales verá con muy buenos ojos una pequeña pensión mensual, lo cual es muy importante desde el punto de vista redistributivo y humano. Además, poner a disposición de mucha gente un poco más de poder de compra impacta favorablemente la economía del país, pues la propensión marginal al consumo de los menos favorecidos es mayor que la de las personas de ingresos elevados. Como ventaja adicional, una reactivación del consumo contribuye a elevar la recaudación por impuesto sobre el valor agregado y el impuesto sobre los ingresos empresariales.
En la actualidad, como ha sido documentado por investigadores nacionales y extranjeros, el Estado costarricense hace una mala asignación de buena parte del gasto social, pues, entre otros, concede pensiones demasiado elevadas a un grupo selecto de ex servidores públicos, cuyo ingreso supera significativamente el promedio nacional y hasta los ubica en el 20 % más rico de la sociedad. Si esto se controla y racionaliza, con los recursos ahorrados podría financiarse el costo de un esquema como el propuesto. El bienestar social ciertamente aumentaría en el país.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) otorga en la actualidad más de 120.000 pensiones no contributivas a adultos mayores en condiciones de pobreza, así como a personas con parálisis cerebral profunda, pero no cubre todas las necesidades de la población en este campo. La lista de espera por el beneficio supera 22.000 solicitantes, como informamos recientemente (“Defensoría urge pensiones para pobres por población cada vez más vieja”, La Nación, 25/11/2019).
Los esfuerzos de la CCSS deben complementarse con una mayor asignación presupuestaria del Ministerio de Hacienda a las pensiones no contributivas. Y es preciso asegurar que el costo de administración de un esquema como el propuesto se mantenga en un nivel mínimo, pues de los programas sociales redistributivos administrados por el Estado la llamada a beneficiarse es la población meta, no los administradores del servicio.
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