21 marzo

La prioridad es frenar la pandemia, pero no debemos dejar de actuar en previsión de sus nefastas secuelas. La miseria también causa enfermedad y muerte. Costa Rica, país donde el turismo es el principal generador de divisas, cerró sus fronteras a los visitantes extranjeros. Exportadores, como somos, contemplamos la desaceleración de nuestros principales mercados. La producción destinada al mercado local, su distribución y consumo, también sufren disrupciones de las cuales no se recuperarán con facilidad.

Hay empresas destinadas a sucumbir y otras se verán disminuidas, sin esperanza de recuperación a corto plazo. Solo podemos limitar y mitigar el daño.

Hay empresas destinadas a sucumbir y otras se verán disminuidas, sin esperanza de recuperación a corto plazo. Solo podemos limitar y mitigar el daño para ahorrar a la mayor cantidad posible de la población el sufrimiento del desempleo y las necesidades insatisfechas. También para acercarnos al horizonte de una recuperación.

Ese es el sentido del Plan Proteger enviado por el gobierno a la Asamblea Legislativa con la esperanza de un rápido trámite. Contra la aprobación acelerada conspira el monto de la inversión y el número de leyes y empréstitos involucrados. El billón de colones, equivalentes a tres puntos del producto interno bruto (PIB), es una suma descomunal, pero también es descomunal el reto planteado por la pandemia. Eso no impide incorporar a la iniciativa las precauciones necesarias para asegurar la eficaz ejecución de tan cuantiosos recursos.

A favor de la aprobación del plan, militan la urgencia creada por el coronavirus y el pleno financiamiento de la iniciativa con fondos destinados a otros fines, ahora de importancia secundaria, como el pago de una parte de la deuda estatal para facilitar su futuro servicio y alejar la posibilidad de disparar los mecanismos de control del gasto de la regla fiscal.

Esos objetivos, hasta hace poco prioritarios con muy buena razón, pasan a la lista de problemas por enfrentar en el futuro, cuando hayamos tomado distancia de las crisis ya manifiestas o inminentes. Hay miles de costarricenses sin trabajo y muchos miles más a punto de perderlo. Hay negocios cerrados y otros en proceso de cierre. La deuda nos causará graves dolores de cabeza en el futuro cercano, pero no hay más remedio que ponerla en lista de espera.

Proteger no es un plan en el aire, sino con señalamiento específico del financiamiento en cada caso gracias al proyecto de ley pagar, originalmente diseñado para disminuir la deuda (¢226.000 millones) y otros destinados a sustituir créditos caros por préstamos obtenidos en mejores condiciones o iniciativas de racionalización del gasto público, como son el préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) (¢287.000 millones), la contribución solidaria de las pensiones de lujo (¢12.000 millones), empréstito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)-Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) (¢216.000 millones) y proyecto de titularización de utilidades del Instituto Nacional de Seguros (INS) (¢288.000 millones).

El propósito es utilizar esos fondos, nunca pensados para enfrentar una crisis hace poco inimaginable, “para resguardar a las personas, los trabajos y las empresas”, manifestó el presidente, Carlos Alvarado. Esa es la tarea urgente y la Asamblea Legislativa, distinguida hasta la fecha por su empeño y compromiso frente a la crisis, debe acometerla con la misma diligencia demostrada hasta ahora.

Todos habríamos preferido invertir los fondos de conformidad con sus propósitos originales, pero el golpe de la naturaleza reclama, como dijo el mandatario, el margen de acción necesarios “para actuar como país y atender esta emergencia en lo social y económico”, además de lo médico.