Las contorsiones y peripecias de los rectores de la Universidad Nacional y del Instituto Tecnológico, para justificar el secreto de los expedientes sobre acoso sexual tramitados en esos centros de enseñanza, causan asombro. A lo largo de una brillante entrevista conducida por Randall Rivera en el programa Matices de Radio Monumental, los rectores no encontraron un solo motivo para entregar los expedientes al escrutinio ciudadano pese al mandato de la ley y la jurisprudencia a favor de la publicidad.
Alberto Salom, de la UNA, se declaró víctima de un linchamiento. Jamás se negó a entregar la información solicitada por este diario, afirmó. Pero La Nación nunca dijo haber solicitado los expedientes a Salom, sino a la comisión encargada de resolver las denuncias, cuya presidenta denegó la petición. El rector se apartó de la verdad por partida doble cuando acusó a este diario de endilgarle la negativa y cuando dijo que la universidad tampoco rehusó entregar los expedientes.
Hacia el final de la entrevista, Rivera le mostró la respuesta de la UNA a la solicitud planteada por este diario. Entonces, abandonó la trinchera desde la cual defendía a la institución y se retiró a otra, desde donde insistió en su personal desconocimiento del pedido de información y reiteró no tener relación con una negativa que nadie le atribuyó. No obstante, dedicó la mayor parte de sus intervenciones a defender el secreto del expediente e insistió en hacerlo después de la explicación del expresidente de la Sala Constitucional, Ernesto Jinesta, sobre el carácter público de los documentos.
Los rectores procuraron interpretar, reinterpretar y terminaron por malinterpretar las frases del exmagistrado. Cuando abogó por una relación de hechos “en abstracto”, sin identificar a la víctima directa o indirectamente, Salom creyó ver la oportunidad de reelaborar el relato y entregar a la prensa las conclusiones censuradas. Julio Calvo, del Tecnológico, entendió por datos sensibles una gama suficientemente amplia para anular el derecho a la información.
Henning Jensen, de la Universidad de Costa Rica, también estuvo presente. Demostró entendimiento de la ley y voluntad de cumplirla, pero aun él consultó si la identidad de los victimarios podría mantenerse en secreto en virtud del “derecho al olvido”, aunque expresó duda sobre la tesis, que en realidad carece de sentido.
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Los rectores insistieron en la protección de las víctimas sin mencionar, una sola vez, que la petición de información de este diario solicitaba expresamente excluir sus identidades. La Nación tiene por política no revelarla en estos casos y otros similares, salvo que las víctimas decidan hablar sin reservas.
También alegaron la posibilidad de represalias de los victimarios contra las denunciantes y funcionarios de la universidad, pero eso podría ocurrir por la presentación de la acusación y, más bien, apunta a la necesidad de establecer mecanismos de protección y acompañamiento. Por otra parte, si temen represalias de algún acusado, deberían temer también su reincidencia y cortar por lo sano, despidiéndolo, como casi nunca hacen.
Calvo alegó que la publicidad de los hechos, aun sin el nombre de las víctimas, podría revictimizarlas, pero son las propias alumnas del Tecnológico quienes piden revelar los nombres de los victimarios con la muy práctica intención de no matricularse con acosadores.
Según Salom, el problema de dar a conocer los nombres de los sancionados es, también, el dolor de sus familias. En suma, los expedientes deben ser secretos para cuidar a las víctimas y a las familias de los victimarios. Llevada a sus últimas consecuencias, la tesis conduciría declarar secreta la administración de justicia y hasta las denuncias que solía hacer el rector cuando fungía como diputado.
Para Calvo, el relato de los hechos y el resultado del procedimiento conduciría a reducir el número de denuncias, que de todas formas son pocas, según dice. Por su parte, las estudiantes explican la escasez de acusaciones, pese a la cantidad de hostigamientos, por su desconfianza en el procedimiento y la insatisfacción con los resultados.
Parte del “fusilamiento” sin juicio, del cual se siente víctima el rector de la UNA, se debe a comentarios de terceros que, según él, atribuyen la insistencia en el secreto a la intención de encubrir a los acosadores. Un periódico como La Nación no ha formulado semejante cargo en sus informaciones.
Nuestra hipótesis —y no puede pasar de ser hipótesis en ausencia de la información sobre cuya entrega insistiremos— es muy distinta. Las universidades temen revelar los expedientes porque son demasiado indulgentes con los acosadores. Los documentos podrían explicar por qué hay tan pocas denuncias y las víctimas desconfían de los mecanismos creados para tramitarlas.
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La hipótesis es, cuando menos, razonable. En el caso del cual existe mayor información, las serias faltas de un catedrático de la Universidad de Costa Rica apenas fueron sancionadas con suspensión de ocho días, de un máximo de 15 establecido en el reglamento. Si un estudiante hubiera incurrido en las mismas conductas, la norma autoriza suspenderlo hasta por 30 días.
Otra premisa de la hipótesis son las declaraciones de Patricia Ramos, abogada del equipo interdisciplinario contra el hostigamiento sexual del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la UCR: “Ocho días es una sanción muy baja, con el agravante (de) que en ocasiones se acomoda el periodo de sanción en una fecha que, entre comillas, no afecta a los estudiantes, como las vacaciones. Entonces, termina siendo poco claro si se aplicó o no una sanción. Una no siente que tenga el impacto que debería tener, incluso desde el punto de vista económico”.
Demostrar o descartar la hipótesis solo es posible con vista en los expedientes. Por eso, la jurisprudencia es sabia cuando declara su publicidad. Los acosadores ya fueron juzgados y bien o mal sancionados. Ahora corresponde juzgar la respuesta de las instituciones públicas y eso, al parecer, les preocupa a las universidades. Evidentemente, el examen de lo actuado es indispensable para orientar los cambios necesarios, por los cuales claman las estudiantes a quienes Salom increpó por plantear públicamente un problema que algunos preferirían tratar en el claustro.