El Ministerio de Hacienda es el más grande actor en el mercado bursátil del país. Los títulos de deuda pública (bonos) colocados por el gobierno alimentan las carteras de muchos inversionistas –fondos de pensiones, aseguradores, bancos y otros entes financieros, así como empresas y personas físicas— y condicionan las tasas de interés en el mercado bursátil y en otros mercados. En teoría, los bonos de Hacienda, emitidos para financiar el déficit fiscal, deberían tener plazos largos y los del Banco Central de Costa Rica, cuyo fin es propiciar estabilidad monetaria, deberían centrarse a corto plazo. Esos dos entes públicos, el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, deben coordinar estrechamente sus operaciones de endeudamiento para no afectar indebidamente las tasas de interés y para no “asustar” al mercado financiero.
Esa es la teoría, pero la práctica a veces se desvía mucho de ella. Recién nos hemos enterado de que el Ministerio de Hacienda pifió aparatosamente en su programación financiera y, según se informa, no presupuestó la amortización de un monto colosal (nada menos que ¢600.000 millones) de bonos cuyo vencimiento se producirá el segundo semestre de este año.
Ese error apareja varios problemas muy serios: el primero es que, aunque las amortizaciones de deuda no cuentan para el cálculo del déficit fiscal, deben ser presupuestadas, pues de otra forma Hacienda no contaría con autorización legal para pagar los bonos a su vencimiento. La falta de pago a tiempo lesiona el nombre del emisor. El segundo es que, por tratarse de un monto tan elevado, Hacienda se expuso a lo que se conoce como “riesgo de refinanciamiento”, es decir, que se expone a incurrir en iliquidez si no consigue colocar rápidamente nuevos títulos por un valor facial similar; lo que lleva al tercer problema: para poder colocarlos, quizá tenga que elevar significativamente la tasa de interés, es decir, el costo, de los nuevos bonos.
Una elevación en el costo de los nuevos títulos de deuda emitidos por Hacienda automáticamente impactaría en el déficit fiscal (pues los pagos de intereses son parte de los gastos totales) e induciría una baja en el precio de mercado de los demás, lo cual reduciría el valor de las carteras de todos los inversionistas poseedores de bonos del Gobierno.
Si la Tesorería Nacional hubiera programado debidamente sus necesidades de efectivo, no habría concentrado un monto tan alto de vencimientos en tan corto tiempo, como en el caso que nos ocupa. El Ministerio de Hacienda también debió presupuestar las amortizaciones y obtener la aprobación legislativa, como lo exigen las buenas prácticas presupuestarias. El programa de manejo de deuda del Ministerio de Hacienda debió hacerse del conocimiento público y la ejecución debió sujetarse a lo anunciado, con el fin de que los agentes económicos (bancos, fondos de pensiones, etc.) ajustaran sus actuaciones a la información fidedigna y así evitar fluctuaciones violentas en la liquidez y en las tasas de interés.
Por tratarse de un error tan perjudicial, es preciso que el exministro de Hacienda Helio Fallas comparezca ante la Asamblea Legislativa, explique lo sucedido y se sienten las responsabilidades del caso. También debe comparecer su contraparte del Banco Central, quien debió detectar oportunamente el problema. No es posible que una variable macroeconómica tan elemental como la tasa de interés esté expuesta a alta volatilidad por impericia de quienes administran la cartera de bonos de tan importantes entes públicos. Que esto sirva, al menos, para que en el futuro los asuntos de tanta trascendencia se examinen con el debido cuidado.