15 julio

El uso de redes de arrastre para la captura del camarón fue declarado inconstitucional el 7 de agosto del 2013; la Sala ordenó “no otorgar ningún permiso, autorización o licencia nuevos, ni renovar los vencidos, ni tampoco reactivar los inactivos” para tal propósito, y puso como condición para reanudar el procedimiento la aprobación de una legislación sustentada en estudios científicos que garanticen prácticas de pesca sostenibles.

Han pasado casi seis años desde entonces, las licencias han vencido, centenares de pescadores actúan al margen de la ley y la situación de desempleo en Puntarenas, donde vive la mayoría de ellos, se ha deteriorado. Tienen razón para estar molestos, dudar de toda promesa oficial y reclamar que su precaria situación se solucione de inmediato. Pero de ahí a acudir a las vías de hecho, la última vez con inaceptable violencia, y añadir a sus justas reivindicaciones exigencias relacionadas con políticas nacionales, hay una gran distancia; también la hay entre un proyecto de ley bien formulado y sustentado, y otro que, de forma apresurada y dudoso respaldo técnico, pretenda cumplir formalmente el requisito establecido por la Sala Constitucional para reactivar la concesión de licencias.

Lo mejor es trabajar sin demora, pero con rigor, para garantizar un buen resultado. Legislar bajo presión es una mala práctica, pero está ocurriendo en este caso.

Estamos ante un caso en que, por el descuido de muchos años, se ha generado un inconveniente conflicto entre la necesidad de manejar con responsabilidad ambiental y visión a largo plazo los recursos marinos, y las necesidades inmediatas de supervivencia de un sector en extremo vulnerable. La solución no es poner un parche para salir hoy del apuro a costa de un manejo ambiental descuidado; tampoco lo es acceder a las peticiones infundadas de los pescadores. Lo que se necesita es llegar a un arreglo provisional, con plazo fijo de expiración, mientras, al mismo tiempo, se trabaja en una legislación realmente sólida y balanceada, que garantice la sostenibilidad de la pesca. Es algo que redundará en beneficio de todo el país y, especialmente, de los propios pescadores.

En una reunión con sus representantes celebrada el pasado miércoles, el gobierno accedió a otorgar 600 licencias temporales para dar garantías jurídicas a quienes actualmente trabajan en la informalidad. Es un buen puntal, pero para convertirlo en pilar debe ir acompañado tanto de una estrategia de desarrollo integral en Puntarenas como de una legislación que cumpla a cabalidad con lo exigido por la Sala Constitucional. Desgraciadamente, la aplicación de la vía rápida legislativa al proyecto actualmente existente podría conducir a un texto lleno de fisuras que, además, al final, resultaría inaceptable. Por esto, lo mejor es trabajar sin demora, pero con rigor, para garantizar un buen resultado. Legislar bajo presión es una mala práctica, pero está ocurriendo en este caso.

Los pescadores, por su parte, han planteado otras exigencias menores directamente vinculadas con su trabajo, que no será difícil atender. Pero lo que no debe admitirse es que pretendan imponer cuáles tipos y cortes de pescado deben incorporarse a la canasta básica, con prescindencia de criterios objetivos en cuanto a su consumo, para liberarlos del 13 % del impuesto sobre el valor agregado (IVA); menos aún, que “veten” la presencia del ministro del Ambiente y del jefe de Guardacostas en la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca). Ambas son decisiones de política nacional, que deben responder al interés general y las buenas prácticas internacionales, no a los intereses sectoriales.

Si un gran problema ha tenido el Incopesca, con serios perjuicios para la actividad pesquera, es la incapacidad para hacer sus tareas de manera más objetiva, técnicamente sustentada y libre de presiones. Las modificaciones en su directiva que tramita la Asamblea Legislativa rectificarían esas debilidades; además, forman parte de los compromisos nacionales para ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), algo clave para nuestro bienestar.

La situación, sin duda, es compleja, pero parte de la ruta para resolverla es que gobierno y diputados digan sí, y cumplan, a las justas reivindicaciones de los pescadores, y digan no, y se mantengan firmes, a sus exigencias inaceptables.