Enfrentados a serias disputas sobre comercio, inversiones y política económica, Estados Unidos y China han optado, nuevamente, por arreciar sus discrepancias y encaminarse a lo que podría convertirse en una guerra comercial de grandes proporciones. Aún no es posible saber plenamente el curso que podría tomar, pero las decisiones anunciadas en Washington y Pekín a finales de la semana pasada y principios de la actual ya han causado gran inestabilidad en los mercados financieros y bursátiles. Sus estragos serán peores conforme pase el tiempo y afectarán no solo a ambos países, sino a la economía internacional en su conjunto.
Hasta hace pocos días, parecía que las más agudas diferencias entre las dos mayores potencias económicas globales estaban en curso de resolverse mediante un acuerdo de amplio espectro, que involucraría no solo aspectos de intercambio comercial, sino también el tratamiento de las inversiones estadounidenses en China, la adquisición de alta tecnología, el manejo de subsidios y el respeto de la propiedad intelectual, entre otros asuntos. Sin embargo, poco antes de una nueva ronda de negociaciones, las pugnas afloraron otra vez y frustraron la posible firma del arreglo.
Según la versión china, a última hora, Estados Unidos se extralimitó en sus exigencias sobre cambios en política económica y la necesidad de aprobar leyes para consolidar algunos de ellos; según los estadounidenses, China abjuró de una serie de compromisos ya convenidos y pretendió cambios inaceptables en el borrador del acuerdo, de 150 páginas. Por esto, la sesión del viernes 10, en Washington, lejos de convertirse en la última antes de un pacto, fue el escenario de la ruptura.
Como resultado, la Casa Blanca decidió incrementar del 10 % al 25 % los aranceles a $200.000 millones de importaciones chinas gravadas meses atrás, y anunció que iniciaría los procedimientos legales necesarios para aplicar la misma tarifa a $300.000 millones más, con lo cual, prácticamente, ningún producto chino quedaría a salvo. Por su parte, Pekín informó el lunes de que incrementará sus tarifas a $60.000 millones de importaciones estadounidenses, en una escala que va del 5 % al 25 %, y reveló la posibilidad de ampliar la medida a otros. Por ser Estados Unidos un mayor comprador de productos chinos que a la inversa, y por estar actualmente su economía en una situación más sólida, su arsenal de posibles represalias es más grande, pero las de China no pueden desestimarse, sobre todo, si fueran ampliadas a restricciones a las compañías estadounidenses que operan en su territorio.
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En medio de la gravedad de los hechos, la única vertiente positiva es que ambos países han evitado una escala en la confrontación verbal y, además, han dilatado la puesta en vigor de sus medidas para dar tiempo a un posible arreglo antes de que se materialicen. Este virtual compás de espera, sin embargo, será de apenas unas semanas, y nada garantiza que, en tan corto tiempo, la situación cambie de manera apreciable, a pesar de que a ambos países beneficiaría un buen arreglo.
En lo inmediato, el gran problema para zanjar de una vez las disputas es doble. Por un lado, estas van mucho más allá de lo comercial, y Estados Unidos tiene razones de peso para exigir a China un trato más igualitario a sus empresas y un uso de los subsidios que no implique competencia desleal; por otro, la visión mercantilista del presidente Donald Trump sobre comercio lo inclina a considerar que el incremento de aranceles será, en el fondo, beneficioso para la economía de su país, lo cual es totalmente falso.
Ambos aspectos son suficientemente serios como para ser resueltos de forma estable. Pero a esto se añade el gran tema de fondo: la disputa entre China y Estados Unidos por el primer lugar en la economía internacional y por la influencia estratégica en diferentes partes del mundo. La esperanza es que, a pesar de la magnitud de su rivalidad, por lo menos no impida evitar una guerra comercial que a todos va a perjudicar.