Geannina Dinarte, ministra de la Presidencia, comenzó su gestión con un desconcertante paso en falso. Presentó a los jefes de las fracciones legislativas la idea de crear un impuesto a las transacciones bancarias y aumentar en un punto porcentual el impuesto sobre el valor agregado solo para ser desmentida, horas más tarde, por el ministro de Hacienda, Elian Villegas.
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Dos funciones definen al Ministerio de la Presidencia: la coordinación del gabinete y la negociación con las bancadas legislativas para adelantar la agenda del gobierno. El episodio de los impuestos deja las dos en entredicho. La credibilidad de la ministra sufrió frente a los legisladores y, en el acto, demostró la ausencia de acciones concertadas.
O Dinarte desconocía las intenciones del Ejecutivo o la definición de prioridades corresponde a otros, sin necesidad de consultarle. Cualquiera de los dos casos se aleja del ejercicio esperado del Ministerio de la Presidencia. Ni siquiera el desmentido parece coordinado. Villegas lo dio a conocer mediante un simple comunicado, sin explicaciones de la ministra o de los motivos del desacuerdo. Solo dijo que el IVA y el impuesto sobre las transacciones bancarias no son parte de la propuesta para el Fondo Monetario Internacional, ni siquiera como plan alternativo.
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En un solo acto, el gobierno comprometió la credibilidad de Dinarte y la solidez de sus propuestas en el rubro más urgente y trascendental de la agenda nacional. La convocatoria de los jefes de fracción por la Casa Presidencial suscitó grandes expectativas. Por fin conocerían el planteamiento del Ejecutivo para el inicio de las conversaciones con el FMI, después de titubeos y equívocos de los cuales Villegas fue protagonista. Salieron los legisladores con una idea y menos de 24 horas más tarde supieron que habían perdido el tiempo.
El arranque de las negociaciones con el FMI es inminente y el gobierno solo ha podido demostrar desorientación. Las propuestas para obtener nuevos ingresos, a falta del punto adicional del IVA y la creación de un tributo sobre transacciones bancarias, son insuficientes o, cuando menos, los rendimientos proyectados son dudosos.
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En la Asamblea Legislativa surgirán muchas preguntas, pero no se sabe, con certeza, a quién deben ser dirigidas. Las respuestas de la ministra de la Presidencia parecen ser ad referendum, sujetas a la aprobación de otros órganos. La experiencia aconseja hablar directamente con el ministro de Hacienda, pero se ha mostrado esquivo y no tiene entre sus funciones la coordinación con el Congreso. Si la asumiera, pondría en duda la utilidad del Ministerio de la Presidencia, de capital importancia en todas las administraciones menos en esta, en la que cuatro funcionarios han ocupado el cargo en menos de tres años.
Si Dinarte queda fuera de la gestión política de la agenda fiscal, la estatura de su cargo habrá disminuido a niveles impensables. En este momento, no hay un área de la gestión gubernamental más relevante. Si el ministerio más importante no participa en ella, la administración habrá hecho, en la práctica, una modificación de grandes repercusiones en la dinámica del gabinete.
La ministra entró en posesión del cargo con pocas credenciales. Sus primeras declaraciones fueron para pedir a los diputados una oportunidad para escucharse mutuamente. La escucharon, y sus palabras, en relación con asuntos tan delicados, quedaron sin efecto en menos de 24 horas, no por críticas de la oposición, sino por el comunicado de un colega del gabinete. Con el menoscabo de la credibilidad de Dinarte sufre también la del gobierno.