La permanencia de Rocío Aguilar en el Ministerio de Hacienda es inaceptable, dice Fernando Zamora, secretario general del Partido Liberación Nacional. “Ilegalidad absoluta”, afirma para describir el pago de ¢182.000 millones adeudados por el Estado a sus inversionistas, sin hacer el trámite presupuestario ante la Asamblea Legislativa.
Posible delito, opina Franggi Nicolás, diputada del mismo partido, quien no tardó en apersonarse ante el Ministerio Público para ofrecer la notitia criminis, según sus declaraciones. La legisladora está interesada en establecer un precedente para impedir semejantes actuaciones en el futuro.
Ambos son abogados y parecen creer en la aplicación de la ley a rajatabla. Por fortuna, ninguno es ministro de Hacienda porque sus exigencias conducirían a la debacle financiera, según todos los expertos consultados, comenzando por la contralora general de la República, Marta Acosta.
Faltar al pago de la deuda pública disiparía la confianza de los inversionistas y precipitaría al país a una crisis de grandes proporciones. Ni siquiera la acción decidida de la ministra Aguilar consiguió evitar el daño por completo. El mercado reaccionó inquieto y exige mayores rendimientos para invertir a menos plazo.
Las fuentes de financiamiento se reducen y será necesario pagarlo más caro, pero la diputada y el secretario general no parecen creer en eso mientras la ley esté de por medio. ¡Dura lex, sed lex!, exclaman en coro. Los rigores correrían por cuenta del país, sacrificado en el altar del derecho para saciar la rigurosidad de los quejosos.
Vista la urgencia draconiana de los dos liberacionistas, cabe preguntarles dónde estaban cuando recientes administraciones de su partido dieron la espalda a la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos para financiar gastos corrientes con ingresos extraordinarios. Esa conducta, expresamente prohibida, ha sido práctica común en administraciones de todos los colores.
Al Estado no le alcanzan los ingresos para sufragar el gasto y como nadie le ha puesto el cascabel al gato de los egresos, la emisión de deuda para satisfacerlos se ha vuelto práctica común, no importa la letra de la ley, pero Nicolás y Zamora guardaron silencio. Ni la primera sospechó delito ni el segundo lo tildó de inaceptable.
Nicolás salvó la contradicción alegando desconocimiento: “Si yo tuviera conocimiento tan claro como lo he tenido de este tema... pues, me parece que también habría que hacer las investigaciones del caso. En este caso accioné (sic) porque, casualmente, como he estado en el epicentro en la Asamblea Legislativa, me he podido empapar de él en específico”.
Solo es posible concluir que la diputada aspiró a su alto cargo sin saber de un hecho público y notorio desde hace muchos años, frecuentemente criticado y debatido, pero no denunciado como delito porque pocos se atreven a exigirle al Estado la cesación de pagos para cumplir la ley cuando la realidad tira con fuerza en dirección contraria.
Si la legisladora desconocía la provisión más difundida y discutida de la Ley de Administración Financiera, seguramente supo del incumplimiento del mandato constitucional de girar el 10 % del presupuesto nacional a las municipalidades. Ahí se configura, con claridad, otro incumplimiento de las administraciones recientes, incluidas las liberacionistas. Apegarse al mandato constitucional, claro está, implicaría la ruina inmediata del Estado y el cierre de más de la mitad de las instituciones del Gobierno Central, pero dura lex, sed lex.
¿Cumplieron los gobiernos liberacionistas la obligación de girar el 8 % del producto interno bruto para la educación? ¿Se apegaron a todos los destinos específicos fijados por ley? Carlos Ricardo Benavides, jefe de la fracción liberacionista, sabe la respuesta. Fue ministro de la Presidencia en la administración Chinchilla, ha estado al frente del Ministerio de Turismo y está de vuelta en el Congreso. Quizá por eso no tardó en apartarse de los criterios de Zamora y Nicolás. Sabe demasiado como para exigir el incumplimiento de la deuda o demandar la ruina del país en homenaje a la ley, aunque también es abogado. Esa condición no parece necesaria para entender el problema, porque el resto de la fracción liberacionista tampoco avaló las denuncias contra la ministra de Hacienda.
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La oposición no debe ser un ejercicio de denuncia sin ton ni son. El control político no se trata de eso, y aunque el exceso de celo partidario conduzca tan a menudo a la inconsecuencia, es preciso señalarla y exigir una gestión coherente, no orientada por la oportunidad de apuntarse puntos.