13 mayo

Las auditorías en instituciones y empresas públicas con gran frecuencia revelan situaciones de privilegio, y por tanto, el resentimiento ciudadano está justificado. La última de esta serie de noticias la dimos a conocer el lunes 6 de mayo en un artículo titulado “Pensiones del Nacional urgen drástica reforma”.

El artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional dispone que los bancos estatales deben dedicar “una suma equivalente al diez por ciento del total de los sueldos de sus empleados” para el mantenimiento de un “fondo de garantías y jubilaciones” como sistema “complementario al establecido por la Caja Costarricense de Seguro Social”.

Será necesario actuar también sobre los beneficios por sucesión contemplados en el esquema. Por ejemplo, los pagos a los cónyuges e hijos de los pensionados fallecidos.

Al final del año pasado, bajo el generoso esquema del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), había 1.505 jubilados quienes recibían, en promedio, más de ¢921.000 mensuales. Un grupo selecto de exfuncionarios cobra más de ¢4 millones y una persona obtiene más de ¢7 millones al mes. Es muy probable que todos reciban, también, pensión de la CCSS y hasta una tercera con cargo al presupuesto nacional, si además de su labor en el BNCR se desempeñaron como profesores universitarios.

Las contribuciones al esquema del Banco Nacional (10 % de los sueldos) recaen, en su mayoría, sobre las utilidades anuales, pues por mucho tiempo los empleados solo aportaban un 5 %, aunque en el 2016 la cifra se elevó al 7 % del salario. Sin embargo, según un estudio de la empresa Ernst & Young, la combinación de ingresos decrecientes y gastos crecientes año tras año impedirá a la reserva aumentar con la rapidez necesaria, y en unas tres décadas más bien comenzará a reducirse.

La gerencia general del Fondo de Garantías y Jubilaciones de los Empleados del Banco Nacional tiene bajo estudio propuestas de reforma que, una vez aprobadas por la Junta Directiva del Banco, reducirían la inequidad del sistema y asegurarían su sostenibilidad en el tiempo. Entre las medidas contempladas, está el aumento de las cotizaciones a cargo de los trabajadores para alcanzar por lo menos el 10 %, pero eso, posiblemente, no bastará para estabilizar actuarialmente el régimen, que al 28 de marzo de este año presentaba un déficit de ¢45.953 millones en valor presente.

Será necesario actuar también sobre los beneficios por sucesión contemplados en el esquema. Por ejemplo, los pagos a los cónyuges e hijos de los pensionados fallecidos. Sobre todo, por razones de equidad, es necesario poner un tope, o límite superior, a las pensiones del régimen, que es complementario del IVM y otros sistemas, y se financia con recursos públicos, dado que el Banco es propiedad de todos los costarricenses.

Entre las medidas contempladas, está el aumento de las cotizaciones a cargo de los trabajadores para alcanzar por lo menos el 10 %, pero eso, posiblemente, no bastará para estabilizar actuarialmente el régimen, que al 28 de marzo de este año presentaba un déficit de ¢45.953 millones en valor presente.

El caso es ilustrativo de cómo entes y empresas estatales creadas para servir a la ciudadanía se convierten, con el paso del tiempo, en servidores de sus propios funcionarios. ¿Qué dirán los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social al comparar los beneficios descritos con sus modestas pensiones? ¿Qué tienen de especial los funcionarios de bancos públicos que, por una disposición legal, además de la pensión del IVM tienen opción a otra de su patrono, en muchos casos superior a la primera? ¿Es que hay dos tipos de costarricenses?

Las finanzas públicas atraviesan un período crítico y es necesario revisarlas integralmente, es decir, incorporar en el ejercicio, tanto las del Gobierno Central como las de las instituciones autónomas (ICE, Recope, INS, bancos, etc.) y las municipalidades. Debemos adoptar medidas viables y equitativas para lograr, en un plazo relativamente corto, acabar con las penurias causadas por el alto déficit fiscal. No es posible seguir elevando la carga tributaria para colocar el peso del ajuste sobre los hombros de los contribuyentes.