4 octubre

“Si es una herramienta que ayude en la lucha contra el contrabando y el estudio de costo-beneficio resulta favorable, no veo mayor problema”, dijo el ministro de Hacienda, Elian Villegas, sobre el proyecto de ley impulsado por el diputado liberacionista Daniel Ulate para exigir la adopción de un sistema de trazabilidad de licores.

Pues sí, si ayuda a combatir el contrabando y el examen de costo-beneficio es favorable, don Elian tiene toda la razón. El problema es que la Asamblea Legislativa está a punto de aprobar una ley que obliga a Hacienda a contratar el sistema cuando el propio Ministerio lo tachó, en su momento, de ineficaz. Las modificaciones incorporadas al texto sustitutivo son insignificantes. En consecuencia, las críticas mantienen vigencia.

El cambio de criterio es inexplicable. Villegas no acredita la eficacia de los marchamos y tampoco ofrece un examen de “costo-beneficio”. Está dispuesto a aceptar la nueva obligación a cargo del Estado para ver si el sistema sirve aunque su despacho lo ha puesto en duda. Si en efecto no sirve, el Estado perderá y ganarán los contratistas.

Si los marchamos son requeridos también para la cerveza, el negocio será mucho mayor dados los millones de envases comercializados en el país, en su mayoría de producto nacional que, por definición, no puede ser contrabandeado. Así, los comercializadores del sistema de trazabilidad obtendrían grandes ganancias a cambio de un beneficio irrealizable: la prevención del contrabando de bienes locales en el mercado local.

El texto sustitutivo reconoce tácitamente esa debilidad del original, pero en lugar de eliminarla intenta disfrazarla creando una excepción para “las bebidas con contenido alcohólico obtenidas de la fermentación de los cereales o con un volumen de alcohol menor al (sic) 9 %" si el Ministerio de Hacienda decide excluirlas “de conformidad con un estudio técnico y previa resolución fundada”.

Don Elian podrá hacer, para el caso de la cerveza, el estudio que no hizo antes de manifestarse conforme con el proyecto como un todo. También podrá omitirlo para no pasar la vergüenza de abocarse a analizar si un producto nacional es objeto de contrabando, no hacia otros países, sino hacia el mercado interno. Entonces, el pudor del ministro mantendrá vigente el negociazo del contratista.

Pero si omite el estudio y mantiene el marchamo de la cerveza, el ministro se verá obligado a explicar cuál fraude intenta evitar y, si es del caso, por qué el IVA no sirve como medio de control tributario para ese producto y sí para los demás. Si el IVA es ineficaz, deberá extender el uso del marchamito a la leche y el atún, para comenzar.

Ahora bien, si el proyecto contempla la posibilidad de que un estudio técnico fundamente una resolución contraria al uso del marchamo, por qué no se limita a exigir la realización de ese estudio, no solo para la cerveza, sino para el sistema como un todo, en lugar de crear la obligación de contratarlo antes de saber si es útil. O, siguiendo la lógica de una moción planteada en su oportunidad, por qué no deja la adopción del sistema en manos de Hacienda, “de conformidad con un estudio técnico y previa resolución fundada” para garantizar la buena inversión de los recursos públicos. Es decir, por qué no pone los bueyes delante de la carreta.

Sin la cerveza, el proyecto es mucho menos atractivo para empresas como Sicpa, cuyo representante es el expresidente José María Figueres, quien ha hecho gestiones a favor de adoptar el sistema. Con cerveza o sin ella, el país no debe invertir en el sistema sin dar respuesta a los condicionamientos incorporados a la dubitativa aceptación del ministro de Hacienda: “Si es una herramienta que ayude en la lucha contra el contrabando y el estudio de costo-beneficio resulta favorable, no veo mayor problema”. La Asamblea consultó a don Elian para obtener de él un criterio más contundente. Desafortunadamente, ya adelantó una opinión, sin fundamento, pero suficiente para dejarlo atrapado. Si se aparta de ella, deberá explicar por qué sus antecesores estaban equivocados, al igual que las organizaciones consultadas cuando el proyecto estaba en comisión, no porque hubiera interés en conocer sus criterios, sino por públicos cuestionamientos sobre la celeridad y sigilo con que la iniciativa era tramitada.

La Asamblea tiene asuntos mucho más importantes en sus manos, incluido el proyecto de Hacienda digital cuya contribución a la lucha contra la evasión fiscal no está en duda. El retorno estimado de esa iniciativa es de un 142 %, según el Banco Mundial. Así, sí se combate la evasión.