El gobierno tomó una excelente iniciativa al postular a la magistrada Nancy Hernández López, de la Sala Constitucional, al cargo de jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su candidatura fue inscrita ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el 27 de enero. Por su solidez profesional, calidad humana, rectitud, trayectoria, rigor, conocimiento y sensibilidad en la materia, de ser elegida, será una digna sucesora de la compatriota Elizabeth Odio Benito, quien decidió no optar por la relección en tan alto y distinguido puesto.
Lo que se impone, ahora, además de un amplio apoyo nacional, es que nuestras autoridades lleven a cabo una campaña robusta, sistemática, inteligente y entusiasta. Esto dependerá de romper la estrecha noción, aplicada a otras postulaciones de expertos costarricenses a cargos internacionales, de que, por no representar directamente al Estado, los recursos públicos no deben utilizarse para impulsar las candidaturas. Esta interpretación de las normas desconoce la repercusión para el país de contar con personas de altas cualidades en organismos internacionales. Se impone, por ello, superarla, y esperamos que así sea en este caso.
LEA MÁS: Sana crítica: DD. HH. de las mujeres
Costa Rica ha tenido una vinculación muy profunda con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), la función que cumple, los valores que encarna y la fuente principal para orientar sus decisiones y sentencias: la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Si a este instrumento se le conoce también como Pacto de San José, es porque nuestra capital acogió, en noviembre de 1969, la conferencia especializada de la OEA que aprobó la Convención y, como parte de esta, estableció la Corte. Costa Rica fue el primer país en ratificarla y en reconocer su jurisdicción general, ocho años antes de que el texto entrara en vigor, en julio de 1978. Ese mismo mes, la OEA aceptó el ofrecimiento nacional para establecer la sede del alto tribunal en San José, el cual quedó instalado en setiembre de 1979. Al año siguiente, por convenio entre la Corte y nuestro gobierno, fue creado el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, como institución académica independiente.
El costarricense Rodolfo Piza Escalante fue uno de los siete jueces fundadores y primer presidente de la Corte. Luego lo siguieron en el cargo otros distinguidos profesionales nacionales: Sonia Picado Solera, Manuel Ventura Robles y Elizabeth Odio Benito, actual presidenta, quien concluirá sus labores el 31 de diciembre.
La magistrada Hernández López, miembro de la Sala Constitucional desde el 2013, también se desempeña en la docencia universitaria y es especialista no solo en derecho constitucional, sino también en derechos humanos y derecho público. En declaraciones a La Nación, tras el anuncio de su postulación, manifestó una fundada preocupación por los embates antidemocráticos y antiliberales que enfrentan varios países, varios de ellos en el hemisferio. «Nadie está vacunado contra el autoritarismo —mencionó— ni siquiera nuestro país, y por eso es tan importante promover cortes independientes, jueces independientes de carrera y, sobre todo, el fortalecimiento de los tribunales nacionales e internacionales en la protección de los valores del Estado de derecho».
A partir de estas premisas, y de su competencia, no dudamos de que la candidata costarricense —quien, de ser elegida, sería la sexta mujer en incorporarse a ese tribunal en cuatro décadas— se desempeñaría con gran propiedad, equilibrio y apego a los postulados de la Convención, la jurisprudencia desarrollada por la Corte y la mejor doctrina internacional en la materia. Respaldamos su candidatura con entusiasmo y le deseamos un gran éxito.