La suerte de la Universidad Nacional estará echada si no ajusta las anualidades y pluses pagados a sus funcionarios. En el 2028, las remuneraciones de unos 3.300 empleados consumirán la totalidad de los recursos transferidos por el Estado, pero la crisis ocurrirá antes porque cada año aumenta la participación de ese rubro en el presupuesto y queda menos para otros gastos de operación indispensables. En la actualidad, las remuneraciones ya absorben el 83 % de los ingresos.
Las conclusiones surgen de un análisis llevado a cabo por el centro de estudios y aceptado por sus autoridades, pero no había forma de dar un golpe de timón para evitar el desastre. Previendo la posibilidad de circunstancias como las descritas, la propia convención colectiva grabó los beneficios en piedra, sin importar sus consecuencias. Según el convenio, las estipulaciones no podrían ser modificadas sin consentimiento del sindicato.
En la práctica, la cláusula pretendía beneficios eternos que solo irían en aumento. No es fácil imaginar un compromiso más irracional e irresponsable. Tan extraordinaria hipoteca sobre el futuro de la institución fue ley durante años. Las crecientes señales de alarma y la proximidad de la ruina convencieron a las autoridades universitarias de la necesidad de actuar.
El exrector Alberto Salom acudió a la Sala Constitucional y, como era de esperar debido a tan flagrante contrasentido, los magistrados despejaron el camino para renegociar los beneficios aunque el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional (Situn) se oponga. La insistencia en conservar la cláusula ahora inaplicable, no obstante la crisis que se aproxima, dice mucho de las expectativas del sindicato.
Ante la Comisión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de la Asamblea Legislativa, Salom reconoció: “Si siguiéramos gastando el presupuesto laboral al ritmo en que lo hicimos entre el 2005 y el 2015, vamos a tener problemas. Probablemente, la totalidad del presupuesto por transferencias sería para pagar salarios. No quedaría nada para investigar, nada para extensión, y eso es parte de un modelo irrenunciable de la universidad, de manera que estamos avisados”.
Avisados estaban, pero eso no impidió al sindicato rechazar la renegociación de los beneficios e invocar la cláusula pétrea. Eliminado el obstáculo por la Sala Constitucional, la denuncia y renegociación de la convención colectiva no será fácil, pero las autoridades universitarias deben emprender la tarea sin dilación. Si piensan ser fieles a su obligación con el país, el norte es un acuerdo razonable y sostenible, no uno diseñado para postergar la crisis financiera y, mientras tanto, extraer la mayor cantidad de rentas posibles.
Pero Salom, consultado sobre la sentencia, ofreció un inquietante consejo: “Creo que se haría bien en difundir bastante la resolución para que la administración de ahora no tenga cómo dormirse en los laureles”. La posibilidad de esa siesta, invocada por el exrector, no es buen augurio.
El compromiso de no denunciar unilateralmente la convención dejó de existir, pero es necesario reemplazarlo por una voluntad de cambio. Si la comunidad universitaria no la tiene, todos debemos exigírsela. La Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional (Feuna) y otros sectores de esa comunidad comprenden la urgencia del cambio.
La convención vencerá en agosto. Ese es el momento para hacer los ajustes requeridos por las finanzas de la institución, comenzando por la insostenible anualidad del 4 %. El país debe estar atento para impedir el desperdicio de la oportunidad. Como bien dijo Salom, estamos avisados.