Mediante una cadena de actos reveladores de un marcado deterioro político e institucional en sus respectivos países, los mandatarios de Nicaragua, El Salvador y México han desplegado en días recientes arbitrarias iniciativas y perturbadoras amenazas en contra de la libertad de expresión. De forma individual, son motivo de enorme preocupación; en conjunto, constituyen una verdadera señal de alarma. Merecen condena generalizada y esfuerzos sostenidos para frenarlas.
En Nicaragua, la Asamblea Nacional, dominada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido del dictador Daniel Ortega, está próxima a aprobar una llamada “Ley Especial de Ciberdelitos” que pretende poner bajo control oficial el libre flujo de informaciones y comunicaciones por Internet.
Su artículo 25 castiga con penas de entre cinco y ocho años de cárcel a quien “revele información pública clasificada como reservada” y ponga “en peligro la seguridad soberana del Estado”. El 30 amenaza con dos a cuatro años a quien “usando las tecnologías de la información, indique o difunda información falsa y/o (sic) tergiversada, que produzca alarma, terror o zozobra en la población”, algo que determinarán las autoridades políticas.
El uso de términos tan indefinidos, las fuertes penas impuestas, el poder que otorga a miembros del régimen y la falta de independencia de los tribunales convertirán la nueva legislación en una implacable “ley mordaza”, algo que ha sido denunciado por periodistas, medios independientes, organizaciones no gubernamentales y ciudadanos en general. Pero Ortega y sus secuaces, hasta ahora, hacen oídos sordos.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele, de ímpetus cada vez más intransigentes y autoritarios, ha creado un clima de agresiones verbales, estigmatización y acoso contra los medios de comunicación que ejercen su tarea de informar con independencia sobre temas que molestan al gobernante o evidencian la arbitrariedad de varias acciones.
La víctima más directa ha sido el servicio en Internet El Faro, actualmente la voz más respetada del periodismo independiente e incisivo del país. Los ataques verbales en su contra han sido constantes, pero la arremetida aumentó luego de que reveló, el 3 de setiembre, con abundantes pruebas, una negociación secreta entre el gobierno y la violenta Mara Salvatrucha (pandilla), en vista de las elecciones legislativas del próximo año. Como represalia, Bukele anunció una arbitraria “investigación” por “lavado de dinero y evasión tributaria”. A esto añadió amenazas personales veladas contra el periodista Carlos Dada, director de El Faro, quien debió abandonar el país para proteger su integridad. Aunque este medio es el principal blanco de sus ataques, Bukele no desperdicia oportunidad para denigrar a cualesquiera otros que lo incomoden.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió públicamente contra dos de las revistas mensuales más prestigiosas de ese país: Letras Libres —liberal— y Nexos —de izquierda moderada—, así como contra sus dos directores, los reconocidos intelectuales Enrique Krauze y Héctor Aguilar Camín, respectivamente. Los acusó de complicidad con la “corrupción, injusticias y privilegios” de gobiernos anteriores, aunque lo cierto es que tanto ellos como sus publicaciones han estado en todo momento a la vanguardia de la lucha en pro de la transparencia, la democracia y la justicia en México. También el diario Reforma, el más independiente del país, ha padecido insistentes ataques verbales en meses recientes.
En agosto, además, el gobierno multó a Nexos con $45.000 por presunta evasión y prohibió a todos los entes estatales relacionarse con la revista. A esto se unió uno de los operadores del régimen, el historiador Paco Ignacio Taibo, convertido en uno de los zares culturales de AMLO, quien advirtió a Krauze y Aguilar Camín de que debían quedarse “en su pequeña esquina” o salir del país. Y concluyó con esta ominosa frase: "No es una amenaza”.
La convergencia de estos tres casos otorga a cada uno de ellos mayor gravedad que si se hubieran producido aisladamente. No es que estemos ante una concertación de los tres gobiernos, que van desde la dictadura de Ortega hasta el autoritarismo, la arbitrariedad y desdén creciente por las libertades de Bukele y López. Pero las situaciones son conspicuos ejemplos de que las amenazas a la democracia, los derechos humanos, la integridad judicial y la libre información o crítica se han acrecentado peligrosamente en nuestro hemisferio. Razón de más para estar alerta en todas partes y para que todas las instancias hemisféricas y mundiales que defienden la libertad de expresión y los derechos humanos en general las denuncien y condenen con energía.