8 junio

Las fracciones de oposición, entre ellas las de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, dieron el paso al frente para apoyar al gobierno en su pulso con los grupos opuestos a la reforma fiscal. Ninguno cedió a lo largo de una difícil huelga. El país, estancado hoy, habría sufrido mucho más de no ser por la unión de voluntades fraguada sobre sólidas bases de responsabilidad y generosidad políticas.

En aquel conflicto, se hicieron evidentes las lagunas legales en la regulación del derecho a huelga y el propio presidente, Carlos Alvarado, llamó a hacer una urgente reforma. Los liberacionistas la promovieron, no para prohibir las huelgas ni eliminar el derecho a la protesta, sino para impedir el abandono de labores por tiempo indefinido, sin cumplir requisito alguno, con el fin de oponerse a la modificación de políticas públicas totalmente ajenas a la voluntad de los patronos.

Ahora, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, atemorizado por los sindicatos, afirma que la reforma “no compete al Poder Ejecutivo”. Si siguiera la dirección señalada por Piza, el gobierno se lavaría las manos y dejaría solos a quienes lo respaldaron. La actitud merece un calificativo muy severo. La prudencia obliga a no emplearlo mientras se despeja la confusión.

Basta decir, por lo pronto, que la actitud del ministro es diametralmente opuesta a la valentía demostrada por el diputado Pedro Muñoz cuando manifestó su intención de seguir adelante sin el gobierno, si es preciso. Con la misma valentía, la jefa de fracción liberacionista, Silvia Hernández, reiteró su compromiso y el de su fracción.

Según el Banco Central —dice Hernández—, la huelga del año pasado costó unos ¢138.700 millones y los estudiantes perdieron 93 días de clases. Otros 36.000 fueron privados del servicio de comedor escolar, elemento indispensable de su nutrición. Al parecer, nada de eso le compete al Ejecutivo en opinión del ministro de la Presidencia que, como candidato, siempre se abstuvo de defender recortes significativos de gastos o aumento de ingresos mediante impuestos.

Como en el curso de la campaña presidencial, Piza procura hoy agradar a todos. Se ubica en un justo medio inexistente porque la economía también reacciona frente a la evasión de responsabilidades, es decir, frente a la inacción. Las manifestaciones del ministro hacen temer que el Ejecutivo pretenda emular a su antecesor, aunque mejor financiado por el plan fiscal, siempre atado al lastre de las reformas estructurales pospuestas.

Es una apuesta miope y peligrosa. Los porcentajes del plan fiscal no significan absolutamente nada si no hay generación de riqueza. El 30 % de cero es cero. Solo el crecimiento de la economía puede generar empleo y mejorar la recaudación. La situación fiscal reduce el margen de maniobra del Ejecutivo para influir en la dinamización de la actividad económica. El propio gobierno dijo, desde un principio, que el plan fiscal es una medida insuficiente. Desafortunadamente, hace meses dejó de decirlo.

Hernández advirtió que las declaraciones de Piza “dinamitan” la relación del Ejecutivo con la Asamblea Legislativa, así como su credibilidad como ministro. Esta última comenzó a sufrir con la notable ausencia del funcionario de las negociaciones más delicadas, su traspié cuando presentó la iniciativa para prohibir a los diputados enmendar proyectos de ley presentados por el Ejecutivo y el anuncio de su partida sin fecha definida.

El mandatario sobrevoló las declaraciones del ministro atribuyéndolas al respeto por la división de poderes. La explicación es poco convincente, pero Alvarado sí tomó posición sobre la necesidad de aclarar la regulación de las huelgas, los plazos para pronunciarse sobre su legalidad, las notificaciones y los excesos en el ejercicio del derecho, entre otros asuntos. También es preciso aclarar la fecha de salida del ministro.