31 enero

El presidente, Carlos Alvarado, atribuyó a la Asamblea Legislativa un cambio de paradigma en la política nacional. Vista la labor desplegada desde el primero de mayo del 2018, no se le puede negar razón. El Congreso ha sido productivo como pocos y una mayoría abrumadora de legisladores ha demostrado constante voluntad de diálogo y capacidad de negociación.

En el pasado, cuando la prensa cuestionaba la productividad de la Asamblea Legislativa, a menudo recibía por respuesta una larga lista de proyectos de ley aprobados. Casi todos eran donaciones de algún terreno estatal a una asociación comunal, concesión de honores y cosas por el estilo. El Congreso de la actualidad ha sido productivo en materias sustanciales. Sin temor, metió mano a temas difíciles, antaño ignorados por cálculo político.

Las reformas aprobadas en los últimos veinte meses son sustanciales. El país todavía encara retos formidables, pero la labor legislativa permitió sortear un abismo de donde habría costado salir. En abono a la idea de un cambio de paradigma, el Congreso reformó sus normas de gobierno interno para agilizar la tramitación de proyectos y dificultar el obstruccionismo, hasta hace poco moneda de curso corriente.

Según el Informe Estado de la Nación, el periodo 2018-2019 fue la legislatura más productiva desde 1986, pero la situación política actual y las dimensiones de la crisis fiscal magnifican los logros en comparación con lo sucedido hace 34 años. A mediados de los ochenta, el país sufría los efectos de una crisis cruel, pero había emprendido el camino de la recuperación. Había un sólido bipartidismo, capaz de forjar acuerdos aunque no siempre lo hiciera.

La profunda crisis fiscal de los últimos años, cultivada a lo largo de décadas, llegó al límite antes de la toma de posesión de Carlos Alvarado. A finales de la administración anterior, hubo dificultades para pagar la planilla estatal y, a inicios de la presente, el país se dio cuenta del financiamiento de necesidades apremiantes mediante la excavación de un hueco fiscal.

La ministra de Hacienda Rocío Aguilar se vio impelida a actuar de emergencia para evitar un desastroso incumplimiento nacional en el servicio de la deuda. Aguilar se plantó frente a los diputados para explicar la situación, pero había razones para temer. Enfrente, tenía un archipiélago de bancadas, como es usual en la política de este siglo. Ni siquiera había claridad sobre el compromiso de la decena de diputados oficialistas con la agenda de sacrificios indispensables.

Pero de la atomización de fuerzas políticas surgió un acuerdo orientado por el sentido de la responsabilidad. El liderazgo del Poder Ejecutivo y su valiente disposición a invertir y perder capital político no puede ser subestimado, pero sin acuerdos legislativos no había posibilidad de cambiar el rumbo.

Todavía es temprano para saber si, en efecto, hay un nuevo paradigma político o si el presidente peca de excesivo optimismo. Los resultados están a la vista, pero las explicaciones de lo sucedido no son tan obvias. ¿Se debe el cambio al susto de vernos ante el abismo? En ese caso, podría ser transitorio. ¿Hay, más allá de la reforma reglamentaria, un deseo de asegurar la funcionalidad del multipartidismo? ¿Siente la dirigencia política el hastío de la población frente al estancamiento de años recientes, cuando los propios gobernantes declaraban al país ingobernable?

El tiempo ofrecerá las respuestas y ojalá la afirmación del mandatario se haga realidad. Por lo pronto, pronósticos menos halagüeños, como la imposibilidad de celebrar comicios municipales sin reeditar enconados enfrentamientos, no se han materializado. El próximo primero de mayo es otra fecha que observar con reserva.