24 marzo

El Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) Complementarias, creado en el 2000 por la Ley de Protección al Trabajador, comienza a madurar. Hasta ahora, la juventud del fondo le había impedido cumplir su función de complementar las jubilaciones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social, cuyo valor se ha venido erosionando.

La visionaria ley creadora de las pensiones complementarias previó el escaso beneficio de administrar fondos de trabajadores pensionados antes de acumular el capital necesario para obtener un ingreso complementario equivalente al 10 % de la jubilación básica. Cuando la pensión complementaria es menor a ese porcentaje, el trabajador puede retirar sus ahorros del ROP apenas ponga fin a su vida laboral.

La disposición es lógica. Por un lado, el aporte del ingreso complementario es poco significativo para el pensionado y, por otro, no es rentable administrar y pagar con cuentagotas el rendimiento de fondos tan escasos. Pero solo los trabajadores más próximos a la jubilación cuando se aprobó la ley enfrentan esa situación. Otros han permanecido en el régimen lo suficiente para acumular un capital significativo. Según pasa el tiempo, el número de personas en esa situación crece y también el peso de la pensión complementaria promedio en relación con la básica.

Hasta hace poco, el ROP no fue un plan de pensiones, sino un programa de ahorro para ser retirado en un solo pago el día de la jubilación, pero a menos de dos décadas de su creación, comienza a operar como régimen de pensiones. El pago promedio mensual ya ronda ¢100.000, una suma significativa comparada con la jubilación promedio del IVM. Los beneficiarios con capital suficiente para cobrar más del 10 % de la pensión básica se acercan al 15 % del total. La cifra aumentará rápidamente en los años que faltan para alcanzar la plena madurez del régimen.

Esos pensionados pueden optar por el sistema de “retiro programado” (se divide el dinero entre los años restantes de expectativa de vida para calcular una suma mensual) o por el sistema “permanente” (la pensión consiste en los rendimientos del capital acumulado), pero la ley no les permite retirar lo ahorrado de un solo golpe. Sin esa prohibición, el sistema complementario correría el riesgo de desfinanciarse y los trabajadores, tentados por la suma de dinero acumulada, podrían dar al traste con sus posibilidades de apuntalar los ingresos del IVM para tener una pensión digna.

Por eso sorprende la iniciativa de ley planteada al Congreso para reformar el ROP y permitir el retiro del capital en un solo pago. La Superintendencia de Pensiones (Supén) ya salió al paso del proyecto, y lo criticó por la amenaza que representa para los futuros jubilados, para las finanzas del régimen complementario y para el Estado, cuyo propósito al crear el ROP fue compartir con los particulares las presiones sobre los presupuestos públicos nacidas de una población cada vez más envejecida.

A juzgar por los continuos ataques al ROP, y en general a las pensiones complementarias, pareciera que hay sectores convencidos de la suficiencia del IVM y despreocupados por lo que pueda pasar si esas jubilaciones siguen perdiendo valor. Primero, el Ministerio de Hacienda tuvo la iniciativa de cobrar impuesto sobre la renta a las pensiones complementarias, con lo cual estimulaba el retiro del capital de los fondos voluntarios creados junto con el ROP. Luego, trascendió la efímera idea de mandos medios del IVM de tomar el dinero acumulado en el ROP y en el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) para mejorar las finanzas del IVM. Ahora, cuando el ROP alcanza su madurez, la Asamblea Legislativa se plantea la posibilidad de tentar a los beneficiarios con un solo pago. El futuro exige pensarlo mejor.