Luego de una cascada de oposiciones bien informadas, entre ellas la de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Banco Central, los dos principales bancos del Estado, la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones y la Superintendencia de Pensiones, entre otros, el proyecto para permitir el retiro en un solo pago del dinero acumulado en el Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP) perdió impulso.
Entregar al pensionado la totalidad de los recursos acumulados en el momento de la jubilación implica la prematura muerte del sistema de pensiones complementarias, una medida visionaria como pocas adoptadas en las últimas décadas. El ROP no es una cuenta de ahorros, sino un fondo para garantizar mejores ingresos a los jubilados en vista del deterioro de los beneficios del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) administrado por la CCSS.
En el 2000, cuando la Asamblea Legislativa creó el ROP mediante la Ley de Protección del Trabajador, el beneficio del IVM era un 60 % del salario de referencia. Cinco años más tarde, la CCSS lo redujo al equivalente a entre un 43 % y un 52,5 % del salario de referencia, pero los estudios actuariales no invitan al optimismo sobre la conservación de ese nivel de beneficio.
El complemento del ROP es hoy más necesario que nunca, pero el mal concebido proyecto de ley incentivaba su eliminación. Es difícil resistir la oferta de retirar el fondo acumulado en el momento de la pensión. Lo difícil es conservar el dinero y hacerlo crecer o preservar su valor en previsión de las necesidades de la vejez.
En los países donde se ha ensayado medidas similares, la mayoría de beneficiarios tenía las manos vacías a la vuelta de pocos años, un resultado especialmente preocupante si se toma en cuenta el aumento de la expectativa de vida. Entonces, la vejez desprotegida se manifiesta como un urgente problema social y humano, cuya agudeza exige cuantiosas erogaciones del Estado y los familiares, si en uno y otro caso existen los fondos.
Abandonada la idea de convertir la devolución del total acumulado en una regla de aplicación general, los impulsores del proyecto ahora proponen permitir el retiro únicamente a los pensionados de los próximos 15 años, que no tendrán acceso al beneficio pleno previsto al momento de creación del sistema porque no habrán tenido oportunidad de cotizar lo necesario.
En efecto, el ROP alcanzará la madurez en el 2035 —cosa que los impulsores de la pretendida reforma rehusaban reconocer hasta hace poco— y brindará a sus beneficiarios cerca del 35 % de la pensión principal. Elevar el monto de la jubilación en más de una tercera parte no es poca cosa, pero tampoco es despreciable un 25 % e incluso algo menos.
El legislador del 2000 previó un límite debajo del cual el complemento del ROP y la administración de los fondos pierden sentido. Si la pensión complementaria es menor al 10 % de la básica, el trabajador puede retirar el fondo total. La nueva versión del proyecto de ley solo es novedosa en cuanto a la ampliación de ese límite inferior y el abandono del porcentaje en favor de una fecha límite.
El nuevo planteamiento renuncia, en la práctica, a los argumentos esgrimidos para apoyar la versión inicial, salvo el de la “insignificancia” del beneficio mensual, que solo es cierta hasta determinado punto de maduración del régimen. En la actualidad, el pago promedio mensual se acerca a ¢100.000 y cada vez son menos los acreedores a un beneficio inferior al 10 % de la pensión principal.
El monto promedio, ya significativo en el marco de las jubilaciones del IVM, crecerá en los próximos años hasta llegar al beneficio pleno cuando el régimen alcance su madurez. Invitar a los pensionados de los próximos 15 años a abandonar el sistema no tiene justificación alguna y crea un serio riesgo para ellos, sus familias y la sociedad.